Pablo Perret
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por un punto específico del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.
La organización periodística aclaró que reconoce como legítimo el reclamo argentino por las Islas Malvinas y que considera necesario proteger los procesos electorales frente a posibles operaciones de injerencia extranjera. Sin embargo, advierte que la forma en que está redactado uno de los artículos del proyecto puede generar consecuencias sobre la libertad de expresión.
El cuestionamiento apunta al Título VI, donde se propone incorporar el artículo 225 bis al Código Penal.
La iniciativa establece penas de 5 a 12 años de prisión, que podrían llegar a 8 a 15 años en determinados casos agravados, para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
Para FOPEA, el problema no está en combatir la desinformación o las operaciones de injerencia extranjera, sino en la falta de precisión de algunos conceptos utilizados en la redacción.
La entidad pone especialmente el foco en las expresiones “manipular la opinión pública” y “desinformación”, que considera demasiado amplias para formar parte de una figura penal.
Según plantea FOPEA, la norma debería determinar con claridad qué conductas concretas serían consideradas delito, para evitar que su aplicación quede sujeta a interpretaciones amplias o discrecionales.
La organización sostiene que una legislación de estas características podría terminar afectando el ejercicio del periodismo, la crítica política y la discusión pública sobre temas de interés general.
En su planteo, FOPEA recuerda que en distintos países se han utilizado normas vinculadas con la soberanía y la seguridad nacional para limitar expresiones críticas y desalentar el trabajo de periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Por este motivo, la entidad informó que el proyecto fue analizado por especialistas y constitucionalistas y consideró conveniente modificar la redacción para compatibilizarla con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
FOPEA pidió que el Congreso de la Nación separe el tratamiento del artículo 225 bis del resto del proyecto de soberanía y que su redacción sea revisada con participación de organizaciones de prensa y de derechos humanos.
También reclamó que se establezca de manera precisa cuáles son las conductas que eventualmente serán sancionadas y que se incorpore una cláusula que excluya expresamente cualquier responsabilidad penal por la difusión de opiniones, informaciones o críticas protegidas por la libertad de expresión.
El planteo abre así una discusión sobre cómo combatir posibles operaciones de desinformación o injerencia extranjera sin que las herramientas penales terminen alcanzando al periodismo y al debate público.
