Guillermo Pérez Luque
Autoridades del Consejo Agrario Provincial (CAP) mantuvieron dos reuniones con entidades empresarias turísticas de El Calafate para explicar aspectos del proyecto que contempla la construcción de 24 unidades de alojamiento en Península de Magallanes, dentro del área natural protegida provincial.
Los encuentros permitieron a las entidades conocer nuevos detalles y plantear preguntas sobre el emprendimiento, pero no modificaron la posición contraria que ya habían expresado públicamente ACATEC y la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Turismo y Comercio de El Calafate.
La primera reunión se realizó en la sede local de la Secretaría de Turismo de Santa Cruz. Participaron representantes de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT) y la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate (ACATEC).
Por el Gobierno provincial estuvieron el presidente del Consejo Agrario, Hugo Garay, autoridades y personal técnico del organismo, además de representantes de la Secretaría de Turismo.
Posteriormente, Garay, los vocales del CAP Miguel O’Byrne y Ariela Ariztizábal, y la directora provincial de Áreas Protegidas, Marisol Espino, se trasladaron hasta la sede de la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Turismo y Comercio de El Calafate, donde mantuvieron una segunda reunión con sus representantes.
En el primero de los encuentros, el equipo técnico del Consejo Agrario presentó ilustraciones y representaciones gráficas con características generales del denominado Master Plan previsto en Península de Magallanes.
A partir de esa exposición, las asociaciones plantearon una serie de interrogantes, especialmente sobre la compatibilidad de las construcciones proyectadas con el Plan de Manejo que regula los usos permitidos dentro del área protegida.
Entre las preguntas estuvieron la eventual apertura de nuevos caminos, las dimensiones y características arquitectónicas de las unidades de alojamiento y la infraestructura necesaria para un emprendimiento cuya inversión fue estimada en 90 millones de dólares.
Las entidades recordaron que el Plan de Manejo establece condiciones restrictivas para las construcciones destinadas a alojamiento, entre ellas edificaciones de una sola planta, superficies reducidas y características arquitectónicas acordes al entorno natural.
Según el comunicado difundido posteriormente por ACATEC, las imágenes exhibidas durante la presentación generaron dudas sobre la correspondencia entre esas características y las disposiciones vigentes.
Otro de los planteos estuvo relacionado con el acceso a la documentación. ACATEC recordó que había presentado pedidos formales de acceso a la información pública durante junio y septiembre ante el Consejo Agrario y señaló que no había recibido respuestas formales.
La entidad considera necesario acceder a planos, autorizaciones, documentación técnica y estudios relacionados con el proyecto, especialmente por tratarse de una inversión de gran magnitud dentro de un área natural protegida.
También se discutió el procedimiento ambiental. Desde el CAP se informó a las entidades que el proyecto cuenta con el Informe de Impacto Ambiental aprobado y que cumple con los requerimientos ambientales correspondientes.
Ante las consultas sobre la ausencia de una audiencia pública, funcionarios del organismo explicaron que, por la categorización otorgada al terreno durante la evaluación ambiental, esa instancia no era obligatoria sino optativa.
ACATEC expresó su desacuerdo y sostuvo que, por la sensibilidad ambiental de Península de Magallanes, deberían garantizarse mayores instancias de participación pública y acceso a la información.
Durante la reunión también se preguntó por uno de los principales argumentos vinculados con la inversión: la generación de puestos de trabajo.
Según la información brindada por el Consejo Agrario, durante la etapa de construcción se estiman aproximadamente 300 empleos.
Sin embargo, las entidades señalaron que no se informó cuántos puestos permanentes generaría el complejo una vez que comience a funcionar. También hubo consultas sobre el personal que debería permanecer durante la noche dentro de la reserva y cómo se compatibilizaría esa actividad con las restricciones establecidas por el Plan de Manejo.
Otro punto planteado por las asociaciones fue el alcance que podría tener la excepción otorgada para avanzar con la operación.
Las entidades advirtieron que una autorización excepcional podría ser utilizada en el futuro como argumento por otros propietarios de tierras privadas ubicadas dentro de Península de Magallanes para solicitar tratamientos similares.
Aunque la medida fue presentada oficialmente como excepcional y para este caso particular, las asociaciones sostienen que las reglas de conservación deberían ser claras, previsibles y aplicarse con iguales criterios independientemente del inversor o del gobierno de turno.
De la primera reunión surgió además un planteo concreto que va más allá de las objeciones al proyecto. AHT, AAAVYT y ACATEC coincidieron en pedir que el Estado provincial no renuncie a su derecho de adquirir los terrenos actualmente pertenecientes a Lacustre del Sud y evalúe ejercer esa posibilidad para garantizar su preservación.
Las entidades consideran que, si las tierras pasaran a manos de la Provincia, podrían proyectarse allí alternativas vinculadas con turismo de naturaleza y actividades de bajo impacto, como senderismo y trekking, que permitan incorporar nuevas propuestas a la oferta turística de El Calafate sin avanzar con desarrollos inmobiliarios de la magnitud actualmente planteada.
Las asociaciones aclararon que reconocen la importancia de las inversiones privadas y la generación de empleo, pero sostienen que cualquier emprendimiento dentro de Península de Magallanes debe respetar la normativa vigente y las condiciones de conservación del área protegida.
Después de esa reunión, las autoridades del Consejo Agrario mantuvieron un segundo encuentro con integrantes de la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Turismo y Comercio de El Calafate.
También allí los funcionarios brindaron información sobre el proyecto y explicaron aspectos relacionados con la conservación del área protegida.
La Cámara aclaró posteriormente que concurrió al encuentro para escuchar las explicaciones del organismo provincial, pero que eso no modificó la posición que había expresado anteriormente.
“Si bien llevamos a cabo dicha reunión con el objetivo de escucharlos, esta Cámara ratifica su postura firme de rechazo a cualquier tipo de desarrollo dentro del área protegida del Parque Provincial Península de Magallanes”, comunicó la entidad empresaria.
De esta manera, las explicaciones realizadas por el Consejo Agrario permitieron incorporar información y abrir una instancia de diálogo con las principales entidades empresarias vinculadas con el turismo de El Calafate, pero no consiguieron modificar las objeciones que desde el sector vienen planteándose sobre el desarrollo proyectado en Península de Magallanes.
