Guillermo Pérez Luque
La Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate se sumó a los cuestionamientos contra el Decreto Provincial 915/2026, que habilitó de manera excepcional una operación con capitales extranjeros dentro del Área Natural Protegida Península Magallanes.
A través de un comunicado, la entidad manifestó su “más enérgico y categórico rechazo” y puso especial énfasis en la forma en que se tomó la decisión.
El planteo de la Cámara se suma a las críticas que en los últimos días realizaron otras entidades de El Calafate, concejales y legisladores provinciales, en torno a la falta de información y participación sobre el proyecto.
“A espaldas de la comunidad”
Uno de los principales cuestionamientos de la entidad apunta a que las instituciones locales participaron en el proceso de elaboración del Plan de Manejo de Península Magallanes y que, según sostiene, la decisión actual contradice ese trabajo previo.
“Resulta inadmisible que las instituciones locales hayamos sido convocadas para aportar argumentos técnicos y sólidos en la elaboración del Plan de Manejo del Parque Provincial Península de Magallanes, para que hoy, de forma unilateral y a espaldas de la comunidad, se eche por tierra una reglamentación responsable por la que se trabajó con absoluto ahínco”, señaló el comunicado.
La Cámara considera que establecer una excepción sin participación de los sectores que intervinieron en aquella planificación representa un retroceso.
“Legislar y emitir excepciones de esta gravedad a espaldas del sector productivo local constituye un grave retroceso institucional”, afirmó.
Cuestionamientos a la seguridad jurídica
La entidad empresaria llevó además la discusión al terreno de la seguridad jurídica.
En su comunicado reclamó que cualquier política vinculada al desarrollo turístico de El Calafate y su entorno sea definida mediante mecanismos de consulta e intercambio entre el Estado y los sectores involucrados.
“Nuestra institución sostiene de manera inclaudicable que el diálogo y el intercambio de ideas son los únicos caminos legítimos para el crecimiento de un destino”, expresó.
Y agregó que espera “un modelo de desarrollo donde el Estado actúe como un facilitador que escuche y respete al sector privado”.
El documento cuestiona especialmente las decisiones que considera centralizadas y advierte que pueden vulnerar “la seguridad jurídica y las normativas vigentes que protegen nuestro patrimonio”.
Una nueva voz del sector privado
La posición de la Cámara incorpora otra voz del sector empresario local al debate abierto desde la publicación del Decreto 915.
En los últimos días también ACATEC reclamó información sobre el proyecto, su escala, los estudios ambientales y el posible impacto sobre la oferta turística existente, mientras que AGUISAC pidió suspender cualquier avance hasta que se conozca toda la documentación.
En el ámbito institucional, el Concejo Deliberante de El Calafate también planteó cuestionamientos por la falta de participación de la comunidad, mientras que la Cámara de Diputados provincial aprobó por unanimidad un pedido para que el Poder Ejecutivo remita en un plazo de 24 a 48 horas el expediente completo y todos los antecedentes que dieron origen al decreto.
Con este nuevo pronunciamiento, el reclamo vuelve a colocar en el centro de la discusión no sólo la operación autorizada en Península Magallanes, sino también cómo se toman las decisiones sobre un territorio estratégico para El Calafate y qué participación tendrán las instituciones locales en la definición de su futuro.
