Guillermo Pérez Luque
En la sesión del pasado jueves, los diputados de Santa Cruz instaron al Ejecutivo Provincial a que proceda a la pronta reglamentación de la Ley Provincial N° 3.659 que creó el “Registro Permanente de Agresores Contra la Integridad Sexual” (RePACIS).
El proyecto fue presentado por el diputado calafateño Juan Manuel Miñones y se aprobó por unanimidad. Se fundamenta en la demora en la que incurre el Poder Ejecutivo.
Es que la Ley fue sancionada por la Legislatura el día 13 de junio de 2019, promulgada y publicada en el Boletín Oficial, el 25 de julio de ese año. El artículo 11 de esa ley indicaba que el Poder Ejecutivo Provincial debía reglamentarla “en un plazo de noventa (90) días a contar desde su promulgación”.
El RePACIS debe incluir los datos completos las personas con condena firme en delitos tipificados en la Ley Nacional 25.087 “Delitos Contra la Integridad Sexual” y Ley Nacional 26.904 “Grooming”.
Se deben asentar datos personales, domicilio, trabajo, características físicas, datos de la condena cumplida o en cumplimiento, entre otros.
El RePACIS no es de acceso público. Es un banco de datos disponible exclusivamente para jueces y tribunales de todo el país, como así también para las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales.
La inscripción en el registro implica la inhabilitación absoluta para desempeñar cual tarea en establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles, instituciones deportivas, recreativas, culturales y sociales.
David Catrihuala fue uno de los impulsores del proyecto que se convirtió en Ley. En entrevista con FM DIMENSION, repasó como fue el proceso y afirmó que hubo reiterados pedidos al Gobierno y compromisos de parte de funcionarios. Además se creó el Ministerio de Seguridad y varias secretarías, pero hasta la fecha no se reglamentó de ley.
DAVID CATRIHUALA - FM DIMENSION
“Estas cuestiones no pueden pasar en un estado de derecho, y mas teniendo en cuenta la situación que se vive a lo largo y ancho de toda la provincia, donde se ven reclamos constantes de familias y víctimas, pidiendo justicia en orfandad del Estado”. Dijo Catrihuala.
Por su parte el diputado Miñones, autos del proyecto dijo en sus fundamentos que “es deber de todos dejar de lado la indignación y transformarla en acción para modernizar los mecanismos preventivos y protocolos de actuación en estos casos tan dolorosos”.
La Resolución aprobada por los diputados en forma unánime es enviada al Ejecutivo para su notificación.
