“Si un juez del Tribunal Superior no cumple la Constitución, ¿qué le queda al resto?”
Sergio Macagno, abogado denunciante en el proceso de Juicio Político contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, salió al cruce de las declaraciones de su par, Alejandro Ruggero, quien el martes defendió al magistrado ante la Sala Juzgadora de la Legislatura.
En diálogo con FM Dimensión, Macagno sostuvo que el planteo de Ruggero “desconoce las facultades constitucionales del Poder Legislativo” y que “faltó el respeto a los diputados que actúan como jueces en esta instancia”. “En la defensa de un cliente hay límites —afirmó—, y en este caso el doctor Ruggero los traspasó”.
El abogado recordó que el núcleo de la acusación contra Basanta es la falta del requisito de seis años de ejercicio de la abogacía, establecido por la Constitución provincial para acceder al cargo. “En ningún momento dijo que su cliente cumple ese requisito”, señaló. “Si él mismo no puede afirmarlo, ¿qué queda para el resto de los que escuchamos?”, añadió.
Macagno también cuestionó el argumento de la defensa sobre la “validez opinable” de los actos del Tribunal en caso de que prospere el amparo presentado ante la Corte Suprema.
Según dijo, Ruggero incurrió en “una suerte de amenaza” al advertir sobre las posibles nulidades de designaciones y actos electorales firmados por Basanta. “No fue una forma prudente de dirigirse a la Sala Juzgadora”, opinó.
En el programa “A Diario” el denunciante insistió en que el caso “tiene una gravedad institucional enorme”, porque “si quien integra el máximo tribunal no cumple la Constitución, ¿qué le queda a cualquier ciudadano?”. Reiteró que su planteo no es político, sino “un reclamo de cumplimiento constitucional”.
Macagno espera que la Sala Juzgadora se pronuncie el 14 de noviembre, cuando vence el plazo para emitir resolución. “Espero que esto se resuelva dentro de Santa Cruz, de manera constitucional y sin esperar un fallo de la Corte Nacional”, remarcó, advirtiendo sobre la “crisis de confianza en la Justicia provincial”.