La Defensoría del Pueblo cuestionó la caza de pumas y zorros en la Patagonia
La Defensoría del Pueblo de la Nación publicó un extenso informe en el que analiza las políticas de control letal de carnívoros nativos aplicadas en la región patagónica y concluye que los sistemas de caza con recompensa, utilizados históricamente para reducir los ataques al ganado ovino, resultan ineficaces desde el punto de vista productivo y generan impactos negativos sobre la biodiversidad.
El documento fue elaborado tras un relevamiento realizado en cinco provincias (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y se apoya en informes oficiales, antecedentes normativos y aportes técnicos del INTA y del CONICET
La Defensoría señala que la coexistencia entre la ganadería extensiva y la fauna silvestre constituye “uno de los desafíos ambientales y productivos más persistentes de la región patagónica”, donde especies como el puma, el zorro colorado y el zorro gris fueron históricamente percibidas como una amenaza directa para la actividad ovina.
Esa percepción dio lugar, durante décadas, a políticas de control basadas en la eliminación directa de los animales, mediante pagos por cada ejemplar abatido.
Sin embargo, el informe advierte que “múltiples estudios científicos demostraron que esta modalidad resulta ineficaz para resolver los conflictos productivos y altamente riesgosa para la biodiversidad”
Evidencia científica
El documento al que accedió Ahora Calafate remarca que los carnívoros nativos cumplen un rol ecológico esencial como depredadores tope, regulando poblaciones de herbívoros y otras especies oportunistas.
Su eliminación indiscriminada puede generar efectos en cascada, como el aumento del sobrepastoreo, la degradación del suelo y la pérdida de cobertura vegetal.
En ese sentido, cita la posición del INIBIOMA-CONICET, que sostiene que “el control letal sistemático de depredadores no resuelve los conflictos del sector productivo; por el contrario, puede agravarlos y deteriorar el equilibrio ecológico”
Además se destaca que, según diversos estudios, la depredación por pumas y zorros representa menos del 5% de las pérdidas totales en la producción ovina patagónica, mientras que otros factores como enfermedades, manejo inadecuado, ataques de perros asilvestrados o condiciones climáticas adversas suelen estar subestimados.
Las diferencias entre provincias
El relevamiento muestra respuestas dispares por parte de las provincias. Mientras Neuquén avanzó hacia un enfoque integral, priorizando el control de “animal problema” y promoviendo métodos no letales, Chubut mantiene un sistema de recompensas sin cupos ni evaluaciones ambientales, con más de 1.200 pumas y casi 15.000 zorros abatidos entre 2020 y 2024, según datos oficiales
En Río Negro, la Defensoría advierte la continuidad de la caza por recompensa sin estadísticas actualizadas ni evaluaciones de impacto ambiental.
En el apartado dedicado a Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo de la Nación señala que la provincia dejó de aplicar sistemas de caza con recompensa en el año 2014, a diferencia de otras jurisdicciones patagónicas donde estas prácticas continúan vigentes.
No obstante, el informe advierte que Santa Cruz mantiene la caza deportiva regulada de pumas y zorros, mediante cupos habilitados, y que la incorporación de métodos no letales sigue siendo limitada.
Recordemos que recién en este año el CAP emitió una resolución en la que excluyó a estas especies del listado de caza deportiva
Según datos citados del INTA, los establecimientos que implementaron perros protectores de ganado lograron reducciones de pérdidas de hasta el 95 por ciento, pero la adopción de esta estrategia sigue siendo baja en el territorio provincial.
El documento subraya que, pese a la evidencia científica disponible, “el sistema de recompensas continúa siendo solicitado por parte de los productores”, lo que refleja la persistencia de enfoques tradicionales que no demostraron ser eficaces para resolver el conflicto productivo.
La Defensoría recomienda que Santa Cruz profundice políticas de prevención, asistencia técnica y capacitación, orientadas a fortalecer la convivencia entre la actividad ganadera y la fauna silvestre, sin recurrir a prácticas que afecten la biodiversidad.
Uno de los ejes centrales del informe es la contradicción normativa entre la Ley Nacional de Fauna N.º 22.421, que promueve la conservación de las especies silvestres, y la Ley N.º 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina, que habilita el uso de fondos para el control de depredadores.
La Defensoría señala que esta superposición de marcos legales, sin coordinación efectiva, derivó en políticas provinciales fragmentadas, generalmente centradas en el control letal, “sin evaluaciones de impacto ambiental ni planes de manejo con sustento científico”
Conclusiones
Como conclusión, la Defensoría del Pueblo considera “urgente y viable” reorientar las políticas públicas hacia estrategias preventivas no letales, fortalecer la coordinación entre áreas productivas y ambientales, y promover decisiones basadas en evidencia científica.
El informe recomienda acompañar a los productores con asistencia técnica, financiamiento y capacitación, y avanzar hacia “una convivencia entre producción y conservación que respete tanto los derechos de las comunidades rurales como la integridad de los ecosistemas naturales