Garay defendió el proyecto de Península Magallanes y culpó a los detractores de “desinformación”

En las primeras declaraciones de un funcionario provincial sobre el Decreto 915, el presidente del Consejo Agrario sostuvo que existen críticas basadas en información incompleta y aseguró que “no hay nada que ocultar”. Sin embargo, el organismo que conduce no respondió el pedido del diputado Carlos Alegría ni la solicitud formal realizada por una institución empresaria de El Calafate, presentadas hace cuatro meses. El Gobierno firmó el decreto el 1° de septiembre y recién publicó una versión sintetizada el día 22. Garay brindó algunos detalles del proyecto y confirmó que irá a dar explicaciones a los Diputados, que ayer en forma unánime también criticaron la falta de información y exigieron el decreto completo.

Imagen IA Ahora Calafate

Por primera vez desde que se conoció el Decreto 915/26, un funcionario del Gobierno provincial salió públicamente a defender la decisión y a dar detalles sobre el proyecto turístico previsto en Península Magallanes.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, sostuvo en declaraciones radiales que buena parte de las críticas surgen de la “desinformación” y aseguró que “no hay nada que ocultar”.

Sus palabras tienen un peso particular porque el organismo que preside es la autoridad directamente vinculada con el área protegida y con las actuaciones administrativas del proyecto.

Pero esa acusación de desinformación abre también una contradicción: durante meses hubo pedidos formales de información dirigidos precisamente al Consejo Agrario que no fueron respondidos.

Dos pedidos de información sin respuesta

El diputado por El Calafate Carlos Alegría recordó ayer en el recinto legislativo que el 23 de junio presentó formalmente una nota ante el Consejo Agrario Provincial solicitando antecedentes, autorizaciones e información sobre los proyectos previstos en Península Magallanes.

Según manifestó, nunca recibió respuesta.

La falta de contestación fue uno de los puntos que se expusieron durante la sesión en la que la Cámara de Diputados terminó aprobando por unanimidad un pedido al Poder Ejecutivo para que remita el expediente completo del Decreto 915 y todos sus antecedentes.

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Algo similar ocurrió con ACATEC, entidad empresaria de El Calafate que informó haber presentado el 25 de junio un pedido formal ante el CAP para conocer el proyecto, su superficie, cantidad de plazas, estudios ambientales, servicios e infraestructura necesaria.

La asociación sostuvo esta semana que, cuatro meses después, tampoco había recibido respuesta.

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De hecho, cuando Ahora Calafate informó por primera vez sobre el proyecto, el 7 de julio, los datos disponibles no provenían de una comunicación oficial del Consejo Agrario, sino de fuentes consultadas por este medio. En aquel momento se anticipó que el proyecto contemplaba más de 20 cabañas y que estaba en una etapa avanzada de tramitación. 

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La falta de información pública también alcanza al propio decreto. El Decreto 915/26 fue firmado el 1° de septiembre, pero recién se conoció oficialmente el 22 de septiembre, cuando apareció publicado en el Boletín Oficial.

Y lo que se difundió fue una versión sintetizada, sin los considerandos completos que explican los fundamentos técnicos, ambientales y económicos utilizados por el Ejecutivo para conceder la excepción.

La norma autoriza, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, la venta de un inmueble de Lacustre del Sud S.A. a ASB Hospitality Calafate SAU, para el denominado Master Plan Ecocentro.

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Es justamente esa falta de acceso al expediente integral la que llevó a la Legislatura a exigir que el Gobierno entregue toda la documentación en un plazo de 24 a 48 horas.

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Garay dio ahora los primeros detalles oficiales

En su entrevista, Garay aportó información que hasta ahora no había sido difundida oficialmente con ese nivel de precisión.

Según explicó, el proyecto autorizado intervendría aproximadamente 20 hectáreas, de las cuales unas 4 hectáreas quedarían efectivamente ocupadas por construcciones.

El emprendimiento contempla 24 cabañas, con una capacidad máxima de 60 plazas, además de un salón de usos múltiples y senderos peatonales.

Garay sostuvo que el predio no tiene acceso directo a lagos o cursos de agua y afirmó que el proyecto contempla sistemas de tratamiento de efluentes, prevención de incendios y medidas para reducir el impacto visual.

Esos datos confirman en buena medida lo que Ahora Calafate había anticipado en julio sobre la escala y características del desarrollo.

Defendió el procedimiento ambiental

El presidente del CAP también sostuvo que el proyecto atravesó las instancias administrativas correspondientes.

Según explicó, el Plan de Manejo comenzó a elaborarse a partir de un proceso judicial iniciado en 2022 y fue aprobado en 2023 luego de una instancia participativa.

También afirmó que el estudio de impacto ambiental fue presentado en 2023 y que el proceso de evaluación concluyó en 2024 con su aprobación.

Garay defendió además la conveniencia económica del proyecto, argumentando que permitirá atraer inversiones y generar empleo en construcción y servicios.

Según su análisis, el emprendimiento estaría orientado a un segmento turístico internacional de alto nivel y no competiría directamente con la oferta hotelera tradicional de El Calafate.

Por último Garay confirmó que concurrirá a la Cámara de Diputados acompañado por la directora de Áreas Protegidas y el equipo legal del organismo.

Allí, dijo, presentará el expediente completo y buscará responder los cuestionamientos formulados por los legisladores.

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