El Concejo Deliberante respaldó el proyecto para derogar el Decreto de Península Magallanes
El Concejo Deliberante de El Calafate se pronunció institucionalmente sobre la controversia por las tierras de Península Magallanes. Durante la sesión de este jueves 22 de octubre, los ediles aprobaron una resolución que respalda el proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial para derogar el Decreto 915/2026, mediante el cual el Gobierno de Santa Cruz autorizó una excepción para permitir una operación inmobiliaria dentro del área protegida.
La iniciativa fue tratada sobre tablas y obtuvo cuatro votos afirmativos. Además de expresar su adhesión al Proyecto de Ley 717/2026, el cuerpo legislativo manifestó su rechazo al decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal y solicitó a la Cámara de Diputados su pronto tratamiento y sanción definitiva.
El pronunciamiento se produce cuando el proyecto de derogación ya comenzó su recorrido parlamentario, aunque todavía permanece en comisión, a la espera de informes y explicaciones de organismos provinciales.
La resolución aprobada en El Calafate expresa en su artículo primero “la más firme adhesión y respaldo institucional” al proyecto denominado Protección y Defensa de la Soberanía Territorial, Ambiental y Patrimonial en Áreas Protegidas.
En el segundo artículo manifiesta el “categórico rechazo al Decreto Provincial N° 0915/2026”, al considerar que avasalla atribuciones legislativas, vulnera disposiciones constitucionales y pone en riesgo la integridad del patrimonio natural de Península Magallanes.
Durante el tratamiento de la resolución, el concejal Leonardo Mardones fundamentó el respaldo institucional al proyecto presentado por los diputados Carlos Alegría, Agostina Mora Doldán, Daniel Peralta, Carlos Godoy y Ramón Bodlovic.
El edil sostuvo que el decreto que habilitó la excepción para la transferencia de tierras y el desarrollo de un emprendimiento turístico en Península Magallanes presenta “serios cuestionamientos” sobre su encuadre legal y el cumplimiento de las exigencias establecidas para intervenir en reservas naturales y parques provinciales.
Mardones vinculó la iniciativa parlamentaria con la acción judicial que actualmente impide avanzar con la inscripción de transferencias de dominio sobre las parcelas involucradas.
Según explicó, ambos caminos buscan detener los efectos de la autorización provincial y avanzar en la protección de los recursos naturales desde una perspectiva ambiental y de soberanía territorial.
“Creemos que nuestra opinión la tenemos que enviar a la Cámara de Diputados y fundamentalmente la opinión de nuestra comunidad”, expresó.
En ese momento recordó la reciente movilización ciudadana que reunió más de 3.000 firmas para solicitar a la Legislatura una investigación sobre el procedimiento que derivó en el Decreto 915.
“Muchos vecinos se movilizaron y nos movilizamos para presentar ante la Cámara de Diputados más de 3.000 firmas”, señaló Mardones, al referirse al pedido para que intervenga la Comisión Investigadora de la Administración Pública.
Y agregó: “La comunidad de Calafate plantea de manera amplia, de manera genuina, de manera auténtica su rechazo a esa medida. Y por lo tanto desde las instituciones y desde los ámbitos de representación política, como este Concejo Deliberante o como la Cámara de Diputados, se tiene que actuar en consecuencia”.
La exigencia de estudios ambientales y participación de la comunidad
Otro de los puntos centrales de la intervención de Mardones fue la necesidad de respetar los procedimientos legales antes de autorizar emprendimientos dentro de áreas naturales protegidas.
El concejal sostuvo que el desarrollo de actividades turísticas en Península Magallanes debe estar sujeto a reglas específicas de conservación, evaluación ambiental y participación ciudadana.
“Cuando se decida desarrollar una actividad en esa zona se tiene que hacer con los procedimientos que establece la ley”, afirmó.
Y enumeró las condiciones que considera indispensables: “Estudios de impacto ambiental, modificación de condiciones o estándares de preservación si son necesarios, establecimiento de reglas claras y fundamentalmente la participación de la comunidad para tomar esas decisiones”.
Para Mardones, el proyecto de derogación debe contribuir a fortalecer los mecanismos de protección de los espacios naturales y evitar intervenciones que no respeten los procedimientos legales correspondientes.
El concejal ya había planteado públicamente sus cuestionamientos al Decreto 915 durante la sesión del 24 de septiembre, cuando reclamó conocer cómo se había desarrollado el procedimiento ambiental del emprendimiento y por qué la comunidad de El Calafate no había tenido oportunidad de participar.
Mientras tanto, el Proyecto de Ley 717 continúa su tratamiento en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
Como informó Ahora Calafate el miércoles, la Comisión de Recursos Naturales resolvió no emitir todavía despacho y avanzar primero en el análisis de la documentación administrativa y las explicaciones de los organismos provinciales involucrados.
Los legisladores acordaron convocar al presidente del Consejo Agrario Provincial y a autoridades del área de Ambiente, además de solicitar la opinión de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación y de Fiscalía de Estado.
La comisión también recibió el Expediente 495.894/2023, integrado por dos cuerpos y 441 fojas, que contiene antecedentes administrativos relacionados con la operación.
La decisión implica que la iniciativa de derogación deberá continuar atravesando distintas comisiones antes de quedar eventualmente en condiciones de ser votada en el recinto.
En ese escenario, el Concejo Deliberante de El Calafate decidió expresar formalmente su posición y reclamar que los diputados avancen con el tratamiento de la ley.