El 22 de octubre de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una  orden al Estado Nacional para que informe sobre el avance de las represas y los estudios del tendido de extra alta tensión. 

La decisión del máximo tribunal respondió a un recurso de apelación presentado por la “Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales”, a la decisión judicial de habilitar al Estado Nacional la ejecución de la obra de las represas.

En el mismo escrito la Corte también requirió información a organismos técnicos para que respondan preguntas puntuales (Parques Nacionales, IANIGLA, INPRES). Al Instituto Nacional de Previsión Sísmica (INPRES) le pidió que emita una opinión fundada en relación a la necesidad de realizar un estudio de “sismicidad inducida”. Esto es, qué probabilidad puede haber de que existan movimientos sísmicos a partir del peso de la obra y los lagos de embalses.

El INPRES contestó el 18 de mayo con un escrito en el que primero se justificó sobre el incompleto informe que fue tratado en la Audiencia Pública de 2017, donde se debatió el Estudio de Impacto Ambiental el proyecto.   

La Dra. Patricia Alvarado (foto), Directora Ejecutiva, admitió que el organismo emitió opinión en junio de 2017 “en un escaso tiempo para su respuesta. Allí se consideró al informe adecuado en el sentido que analizaba casi todas las variables posibles”. “En la actualidad se ha analizado con mayor profundidad el informe mencionado” y se plantean importantes observaciones. 

En el escrito al que accedió AHORA CALAFATE el INPRES indica que el Estudio de Impacto Ambiental NO menciona “el tipo de suelo en el que están emplazadas las presas, ni los parámetros de caracterización que justifiquen la elección de opciones en los modelos de atenuación. La caracterización del tipo de suelo es fundamental para poder ajustar los espectros probabilísticos, determinísticos y reglamentarios a las condiciones del lugar de emplazamiento de la presa”.

Otra de las fuertes observaciones es que “existe una serie de fallas geológicas que atraviesan el río Santa Cruz que si bien son mencionadas, luego son omitidas en el estudio de peligrosidad sísmica, por no confirmar las evidencias publicadas”.

El organismo especializado en sismología, indica que los patrones de sismicidad en la región “son desconocidos por la falta de instrumentación local de monitoreo permanente, y se hace difícil estimar adecuadamente la amenaza potencial que estas fallas geológicas pudieran tener en el caso de una circunstancial activación”.

“En base a lo expresado los estudios realizados no permiten confirmar su completa idoneidad”, sentencia el INPRES. 

Esto básicamente quiere decir que falta información para tener seguridad sobre si hay o no peligro de sismicidad en la zona, y de que esto pueda afectar las represas.

En tal sentido el INPRES considera “necesaria la instalación de una red de sismómetros que ayude al monitoreo de sismicidad local”.

También menciona que se deben “obtener registros por al menos 3 a 5 años previo al llenado de los embalses”. “Esto permitirá comparar los registros en las mismas estaciones para conocer si existe una alteración en el patrón de sismicidad presente en la región”, acota el INPRES

Además sugiere que una red de estaciones sismológicas rodeando ambas represas y las fallas geológicas más cercanas, principalmente la falla de Río Bote, será de gran ayuda para detectar micro-sismicidad que pudiera estar originada en esas estructuras y de esta forma poder tener mejores estimadores sobre la actividad sísmica en dichas fallas geológicas”

“Los registros de las estaciones sismológicas en la zona hacen posible abordar la posible sismicidad inducida por las presas”, agrega el informe.