Las Confederaciones Rurales Argentinas se manifiestan en rechazo al aumento en los derechos de exportación incluidos en el proyecto ómnibus presentado por el Gobierno Nacional. Citan tres ejemplos del impacto que sentirían las economías regionales, y uno de ellos es el de la carne ovina. El gobierno quiere elevar al 15% las retenciones de este producto. Esto “limita toda posibilidad de exportar en 2024”, advierte la CRA.
Santa Cruz 04/01/2024
El proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocido como “Ley Ómnibus”, presentada por el presidente Javier Milei, incluye el un aumento de los derechos de exportación para muchos productos agropecuarios y de economías regionales.
Frente a esto las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestó su rechazo afirmando que “el nuevo esquema introduce nuevas distorsiones y generará problemas para los productores, menor inversión, menor empleo y más concentración de la producción”.
Sostienen que la relación “costo-beneficio” de esta nueva presión tributaria es insignificante frente perjuicio notorio que causará a los productores.
Cita como los casos más complicados los de los vinos, el algodón, la carne ovina, el aceite esencial de limón, el tabaco, la cadena forestal, la cadena avícola, la cadena porcina, la floricultura, la mandioca, las aromáticas y especias, sin enumerar otras producciones regionales menores, como por ejemplo semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y pisingallo.
Carne ovina
En el caso de la carne ovina, el 85% de la exportación proviene de las provincias de la Patagonia. En 2022 los derechos de exportación, que eran del 5%, fueron eliminados, lo cual fue celebrado por el sector.
Pero ahora los productores están alarmados frente a la intención del Gobierno de La Libertad Avanza de elevar al 15% las retenciones.
La CRA advierte de aplicarse, “en un contexto de precios internacionales al 50% de su valor de años previos, se limita toda posibilidad de exportar en 2024”
Además sostiene que “el beneficio para el fisco sería de entre USD 1,5 a USD 2 millones anuales, una cifra insignificante para el Estado, pero determinante para una producción de 2.000 productores proveedores de la exportación. Se le estaría quitando entre $ 500.000 y $ 800.000 a cada productor, afectando seriamente la actividad”
“El problema de los derechos de exportación lleva larga data, y la persistencia del impuesto es una apropiación adicional del Estado Nacional sobre la facturación de los productores, que son quienes soportan el impuesto pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado”, remarca la confederación rural.
La organización patronal de productores rurales, reitera que es imprescindible eliminar las "retenciones", impuestos que no se cobran en casi ningún país del mundo.
“Esta oposición tajante a los derechos de exportación la hemos mantenido desde su primera imposición y es una premisa irrenunciable en defensa de la producción que mantendremos, sin importar el signo político de quien gobierne”, sostiene la CRA.
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