El fiscal Abel Córdoba dictaminó hoy que el empresario Lázaro Báez debe regresar a prisión para cumplir su condena en la causa conocida como “Ruta del Dinero K”, tras la ratificación de la pena por parte de la Corte Suprema.
La medida también alcanza al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadín, ambos condenados en la misma causa. La resolución fue emitida en el marco de un proceso llevado adelante por el juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), quien ahora deberá determinar cómo se computarán las penas de los involucrados.
En su dictamen, el fiscal Córdoba solicitó la captura y el alojamiento de Báez, Chueco y Pérez Gadín en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, tras considerar que la condena ha quedado firme. Sin embargo, aclaró que Martín Báez, hijo de Lázaro, no deberá retornar a prisión, dado que cuenta con libertad condicional tras haber obtenido la excarcelación anteriormente.
La semana pasada, el TOF 4 también ordenó la detención de otros condenados en la causa, como Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro.
Báez está detenido desde junio de 2016 y en arresto domiciliario desde 2021, en el gran Buenos Aires. Luego de obtener la autorización judicial, fue trasladado en julio de 2024 para cumplir con su arresto domiciliario en El Calafate. Desde entonces se encuentra en su residencia ubicada sobre la Av. Costanera Néstor Kirchner.
Origen de la causa
La causa, iniciada en 2013 tras un informe periodístico del programa PPT de Jorge Lanata, reveló que Lázaro Báez, empresario cercano al ex presidente Néstor Kirchner y principal beneficiario de obra pública en Santa Cruz, habría lavado aproximadamente USD 55 millones entre 2010 y 2013 a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
Las maniobras incluyeron la expatriación de fondos de origen ilícito a cuentas en Suiza, utilizando un entramado financiero que operaba en Argentina y el exterior, principalmente vinculado a la empresa Austral Construcciones.
En 2016, la difusión de un video en el que se veía al hijo de Báez contando billetes en las oficinas de SGI reactivó la investigación. Ese mismo año, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Báez, Pérez Gadín y Chueco, este último tras intentar fugarse a Paraguay. La instrucción judicial determinó la existencia de una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, llevó a cabo operaciones de lavado de dinero por un total de USD 54.872.866,69.
