Guillermo Pérez Luque
Un nuevo capítulo se abrió en la disputa por la Ley 3949 en Santa Cruz. El secretario general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, Juan Franco Mascheroni, acudió a la Justicia para pedir la suspensión inmediata de la norma y de todos los actos derivados de su aplicación. Denuncia la reforma como “ilegítima” y “contraria a la independencia del Poder Judicial”.
Mascheroni planteó ante el juez que la Ley 3949, sancionada en agosto de este año, vulnera principios constitucionales y afecta la independencia judicial. La norma amplía la cantidad de vocalías del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve, lo que para el dirigente resulta inconstitucional al desconocer el sistema de mayoría preferente previsto por la Constitución provincial y la ley orgánica del Poder Judicial.
El escrito sostiene además que la ley fue aprobada en un contexto de alta conflictividad política, sin debate suficiente ni análisis técnico que justifique la medida. A su vez, cuestiona el Decreto 0768/25, que habilitó la entrada en vigencia “al día siguiente de su publicación”, por considerar que invade competencias legislativas y contradice normas constitucionales y nacionales.
El recurso pide concretamente:
· La suspensión de la Ley 3949 y de todos los actos administrativos vinculados.
· La suspensión del tratamiento legislativo de las ternas enviadas a la Cámara de Diputados.
· Que el Tribunal Superior de Justicia permanezca con cinco miembros hasta tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad.
La sanción de la Ley 3949 generó un fuerte debate en Santa Cruz. Desde el oficialismo se argumentó que la ampliación del Tribunal Superior responde a la necesidad de modernizar y agilizar la justicia provincial. Desde la oposición y sectores gremiales, en cambio, sostienen que se trata de una maniobra política para asegurarse mayorías en el máximo órgano judicial.
El sindicato judicial acompañó la acción con un comunicado público en el que replicó los argumentos centrales del recurso. Allí afirma que la reforma “es ilegítima, vulnera la división de poderes y constituye un avasallamiento político sobre la Justicia”.
También ratifica que la única garantía para la ciudadanía es que el Tribunal mantenga su actual conformación hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La Justicia deberá resolver si concede la medida cautelar solicitada. De ser así, la aplicación de la Ley 3949 quedaría suspendida hasta que se dicte sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad. Si el pedido es rechazado, el gremio ya anticipó que recurrirá a la Corte Suprema de la Nación.
