Albarracín: “No desconocemos el problema habitacional, pero no podemos convalidar una usurpación”

El juez de Primera Instancia en lo Penal de El Calafate, Dr. Carlos Albarracín, confirmó que su juzgado envió intimaciones de desalojo a los ocupantes del ex Hotel La Aldea y del asentamiento 23 de Abril en la localidad de El Chaltén, como parte de un proceso judicial por sendas causas de usurpación.

En diálogo con FM Dimensión, el magistrado dio la primera información oficial sobre el asunto. Explicó que se trata de un procedimiento preventivo con el objetivo de “alcanzar una resolución pacífica del conflicto”, evitando la intervención de la fuerza pública.

“La idea es avanzar y obtener una resolución de un conflicto lo más pacífico posible, evitando una situación tan masiva o tan compleja como tener que hacer un desalojo por la fuerza pública”, señaló.

Juez intima al desalojo de ocupaciones. La Defensoría apela la medida

El juez remarcó que las intimaciones tienen plazos distintos según el tipo de ocupación. “En el caso de La Aldea, se otorgaron 60 días atendiendo la situación particular de la cantidad de personas y familias que viven allí, incluso menores de edad. En otros casos, como los de El Calafate, los plazos son de 30 días”, explicó al programa “A Diario”.

El juez indicó que al menos una decena de intimaciones similares a las de El Chalten, fueron enviadas para personas que ocupan ilegalmente propiedades privadas en El Calafate

Albarracín dijo además que el juzgado envió oficios a distintos organismos para conocer con precisión cuántas personas viven en los predios ocupados y bajo qué condiciones. “Estamos recolectando información sobre la cantidad de habitantes, menores, adultos, porque la situación es delicada. Queremos evitar que se complique más”, expresó.

Pese a reconocer la grave crisis habitacional que atraviesa El Chaltén, el juez fue enfático en destacar los límites legales: “No desconocemos el problema de vivienda, pero estamos en presencia de una usurpación de la propiedad privada, y no podemos convalidar ningún acto ilegal o una ocupación ilegítima”.