Guillermo Pérez Luque
El conflicto por los asentamientos de la Aldea y el 23 de Abril en El Chaltén sigue sumando capítulos. Luego de la resolución del juez Carlos Albarracín, que dispuso el desalojo de ambos sectores en un plazo de 60 días, el secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, Guillermo Mignola, advirtió que ese mandato “no puede cumplirse” en los tiempos establecidos.
“Con 60 días este tipo de estrategias que se están trabajando desde el municipio para ampliar el ejido no se van a concretar”, señaló Mignola en diálogo con FM Dimensión. “Si se ejecutase esa orden en ese tiempo, sería un problema social muy grande para la localidad”.
Emergencia habitacional y falta de tierra
El funcionario recordó que la crisis habitacional que atraviesa El Chaltén está declarada tanto por el Concejo Deliberante como por la Cámara de Diputados provincial, y que la única salida estructural pasa por incorporar nuevas tierras al ejido urbano.
“Hemos tenido reuniones en Buenos Aires y con autoridades provinciales. El objetivo principal es ese: ampliar el ejido. Pero eso lleva tiempo y los 60 días de plazo judicial no alcanzan”, explicó.
Mignola reconoció que el municipio no tiene espacio físico disponible ni recursos suficientes para reubicar a las más de 130 personas que viven en la Aldea y en el asentamiento “23 de abril”. Dijo que entre las personas hay docentes, pacientes oncológicos, trabajadores temporarios e infancias.
“Ese espacio físico hoy no existe. Y aunque contáramos con los recursos, la única opción sería negociar con privados, pero eso sería apenas un parche por unos días”, admitió.
“El juez escucha, pero la discusión es de fondo”
Consultado sobre la postura del juez Albarracín, el secretario municipal indicó que hay buen diálogo con el magistrado, aunque reconoció diferencias de enfoque.
“El juez se ha mostrado predispuesto a escuchar la otra campana, la que va por el tema social. Él defiende su postura, que también es parte de su labor. Pero nosotros planteamos si se le da prioridad a la propiedad privada o al derecho a la vida. En eso estamos discutiendo”, explicó.
Mignola remarcó que el objetivo no es desconocer la orden judicial, sino acordar un tiempo prudencial para que las familias puedan trabajar durante la temporada y reunir recursos para una eventual reubicación.
“La única certeza que tenemos es que esos vecinos se van a ir, y ellos lo saben. Lo que discutimos es el tiempo y la manera de hacerlo sin generar un conflicto social”, sostuvo el funcionario en el programa “A Diario”
El secretario destacó que las familias que ocupan la Aldea “no están ahí por elección, sino porque no tienen otra opción”.
“Son todas personas trabajadoras, que se levantan a las seis de la mañana, salen a changuear y vuelven de noche. Todos los chicos están escolarizados y con las vacunas al día”, dijo a FM Dimensión
El "23 de Abril", en la misma situación
Respecto del asentamiento 23 de Abril, Mignola recordó que en ese caso la Municipalidad figura como denunciante, pero aclaró que la situación se aborda con la misma perspectiva social.
“No dejan de ser vecinas y vecinos que están ahí por la misma razón: la crisis habitacional. Esta crisis no es de ahora, pero tenemos que hacernos cargo los que estamos hoy en la función pública”, subrayó.
El funcionario confirmó que también en ese caso se solicitó una prórroga del plazo de 60 días, igual que para la Aldea.
“Necesitamos tiempo y acompañamiento”
Finalmente, Mignola insistió en que el Municipio no cuenta con medios económicos ni tierras disponibles para resolver el problema de manera inmediata, y pidió comprensión a la comunidad.
“Les pido a los vecinos que tratemos de ver esto desde la óptica social. Nadie quiere ocupar por gusto. Son familias que buscan trabajo, educación y un lugar donde vivir con dignidad”, concluyó.
