Guillermo Pérez Luque
Durante la inauguración de la Exposición Rural del Lago Argentino, en El Calafate, dirigentes agropecuarios expresaron un fuerte malestar por la reciente ley que declara al montañismo como actividad de interés deportivo en Santa Cruz. No solo por su contenido, sino porque se tramitó sin convocar a quienes vienen lidiando desde hace años con los conflictos de acceso a los espacios naturales.
El enojo del sector tiene historia. En 2023 se realizaron las jornadas intersectoriales “Hacia un uso amigable del espacio natural en la ruralidad del Departamento Lago Argentino”, donde participaron organizaciones rurales y actores vinculados a actividades recreativas, con el trabajo protagónico de la UNPA.
El objetivo era atender el principal foco de conflicto: el roce permanente entre propietarios de establecimientos rurales con usuarios recreativos que realizan pesca, trekking, navegación o travesías en áreas públicas y privadas, muchas veces sin permisos ni autorizaciones, y que en no pocas ocasiones requieren auxilios y rescates.
Por eso, al sector rural le resultó especialmente irritante que la Legislatura avanzara sin abrir una instancia de consulta, justo cuando había un proceso de diálogo en marcha.
Fue el presidente de la Sociedad Rural Lago Argentino, Roberto Watson, quien lanzó un mensaje directo. “En ningún momento hemos tenido oportunidad de dar nuestro parecer. Hicimos convocatorias al diálogo durante todo el año pasado. Lo que pedimos es ser escuchados.”
Watson planteó que la ley, al promover senderos y actividades de montaña, se superpone con territorios donde hay producción ganadera y donde el tránsito sin control genera riesgos. “Pensamos que puede generar problemas productivos para los ganaderos.”
Según los dirigentes, el mayor temor es que la norma incentive nuevos accesos sobre tierras privadas sin un sistema de permisos, responsabilidades y coordinación efectiva.
Que se vete
A su turno. el titular de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), Enrique Jamieson, insistió en que la ley carece de mecanismos para prevenir y atender incidentes. Y directamente pidió el veto.
“Vamos a invitar al señor Gobernador a que la vete la ley. Yo creo que no estamos de acuerdo porque carece de responsabilidad total para lo que son dueños de la tierra”, dijo Jamieson.
Los dichos de los dirigentes rurales eran escuchados en el predio de la Rural por el diputado Carlos Alegría, autor de la ley que fue aprobada por unanimidad el 13 de noviembre.
El artículo 106 de la Constitución provincial establece que el Poder Ejecutivo tiene 16 días hábiles para vetarla; de lo contrario, queda automáticamente promulgada. Ese plazo se cumple esta semana.
Por eso, los productores pidieron al Gobierno provincial que revise la norma antes de que entre en vigencia: “Esperamos que se escuche al sector y que se reevalúe la situación”, dijo Jamieson.
No a nuevas rutas
“Lo que necesitamos es mantener las rutas que ya existen, no abrir nuevas”, agregó el presidente de FIAS. El comentario no fue casual. Funcionó también como una referencia crítica al proyecto legislativo que propone abrir una ruta de 70 kilómetros hasta el Lago Strobel.
Ahora Calafate informó sobre esa iniciativa presentada el 24 de septiembre por los diputados oficialistas Martínez Alfaro, Pérez y Luxen, que sigue avanzando en otras comisiones.
Para el sector rural, impulsar nuevas vías sin antes resolver el conflicto por accesos, permisos y rescates solo agravaría un problema que ya es serio.
