Guillermo Pérez Luque
El Gobierno de Santa Cruz formalizó la rescisión del contrato con la empresa LAMCEF S.A., encargada desde 2006 de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biopatogénicos en toda la provincia.
La decisión se tomó tras varios meses de incumplimientos que derivaron en la acumulación de material patológico en hospitales y centros de salud, generando un riesgo sanitario para trabajadores y pacientes.
Según consta en el Decreto 1074/2025, firmado el 2 de diciembre y publicado hoy en el Boletín Oficial, la empresa interrumpió totalmente el servicio desde agosto, lo que fue documentado en actas e informes de establecimientos de salud de distintas localidades.
El Gobierno intimó a la concesionaria a restablecer la tarea, pero la respuesta llegó tarde y sin argumentos considerados válidos. LAMCEF afirmó enfrentar desperfectos simultáneos en tres vehículos, pero no notificó esta situación cuando ocurrió ni aportó pruebas que respaldaran su versión.
La Provincia, por su parte, señaló que viene cumpliendo con los pagos aun en un contexto de restricciones presupuestarias, por lo que rechazó que existan razones que eximan a la firma de responsabilidad.
Además, el decreto recuerda que el contrato obligaba a la empresa no solo a retirar los residuos, sino también a proveer bolsas, cajas y elementos de consolidación final en cada hospital.
El incumplimiento reiterado de la obligación central, que es la recolección periódica, afectó todo el sistema que debía garantizar “un ambiente sano, la salud pública y la seguridad laboral del personal”, todos derechos protegidos por la Constitución.
Qué establece el decreto
En su contenido operativo, el decreto ordena la rescisión del contrato por culpa exclusiva del concesionario, y faculta al Ministerio de Salud y Ambiente a ejecutar las garantías y pólizas previstas para estos casos. Además, determina la desocupación administrativa de la planta de tratamiento y de todos los bienes involucrados en la prestación del servicio, para lo cual se deberá realizar un inventario completo del estado del equipamiento y las instalaciones.
Los bienes pertenecientes a LAMCEF que se encuentren dentro del predio pero no estén afectados al servicio deberán ser retirados y enviados a un depósito provincial para su posterior devolución. El Ministerio de Salud y Ambiente queda autorizado para adoptar todas las medidas necesarias para concretar esta transición, incluso recurriendo al auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.
El decreto también instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones civiles y penales para determinar responsabilidades por los incumplimientos. Paralelamente, la cartera sanitaria deberá avanzar de manera inmediata con una “contratación de urgencia” para garantizar la continuidad del tratamiento de los residuos biopatogénicos mientras se prepara una nueva licitación pública para adjudicar el servicio a un prestador definitivo.
La toma de posesión de la planta
En línea con estas disposiciones, el Ministerio de Salud y Ambiente ya recuperó el predio y la infraestructura de la planta de residuos patológicos.
La ministra María Lorena Ross encabezó el procedimiento de toma de posesión junto al secretario de Ambiente, Diego Procopio, el asesor legal Miguel Soto y personal de las fuerzas de seguridad. Allí se labró un acta formal que permitirá avanzar con las verificaciones técnicas y administrativas para reactivar pronto las operaciones.
Ross explicó que venían detectando irregularidades reiteradas en los retiros de residuos, lo que generó preocupación por la acumulación de material patológico en varios hospitales.
“Hay una premura porque esto tiene que seguir funcionando. Vamos a tomar posesión y avanzar en que cuanto antes se haga cargo la empresa que continuará con esta tarea”, señaló, recordando que ya se había realizado un relevamiento previo del estado de la planta y de los bienes existentes.
El asesor legal del ministerio detalló que la empresa tenía pautada la entrega del predio, pero no se presentó el día acordado, por lo que la Provincia avanzó con la toma formal del espacio, que ahora permanece con custodia policial hasta completar el recambio operativo.
Con la planta bajo control provincial y camino a reactivarse, el Gobierno busca garantizar un servicio considerado crítico para la salud pública y la protección ambiental. “El objetivo es normalizar el sistema y asegurar que los residuos patológicos tengan el tratamiento adecuado”, indicó Ross.
Mientras tanto, el Ministerio trabaja con carácter de urgencia para restablecer los circuitos de recolección y evitar que los hospitales continúen acumulando material biopeligroso.
