Guillermo Pérez Luque
Ayer Ahora Calafate informó sobre la decisión del Intendente Néstor Ticó de vetar parcialmente la ordenanza 262, sancionada por mayoría el pasado 13 de marzo. La normativa establecía la suspensión de nuevas habilitaciones comerciales a emprendimiento gastronómicos y hoteleros, por un año o hasta que se realice una “correcta adecuación de los servicios esenciales”.
Junto con el veto al primer artículo de la ordenanza, el jefe comunal propuso un texto alternativo, indicando que la suspensión debía regir no para aquellos emprendimientos que ya están en ejecución y con trámites aprobados, sino para quienes quieran iniciar un trámite nuevo.
Y en el caso de los trámites que ya se encuentran iniciados, se deberá acompañar, como requisito para el otorgamiento de la habilitación, “un certificado de factibilidad” de la prestación de los servicios de luz, agua, cloacas y gas.
Ahora Calafate consultó a Ignacio Moreno Hueyo, el único concejal que votó contra la ordenanza. Consultado sobre el veto del Ejecutivo el edil de Cambia Chalten, también se opuso y con críticas.
“La medida sigue siendo inconstitucional. Sigue avanzando sobre la libre empresa, la propiedad privada y el ejercicio de toda industria lícita, que son derechos consagrados en la Constitución”, dijo Moreno Hueyo.
Para el concejal opositor “en el fondo, Ticó está a favor de no habilitar nuevos negocios”
Moreno Hueyo consideró un “grave error de análisis decir que la crisis habitacional es por culpa de los negocios. Todo lo contrario: es culpa del Ejecutivo y su incapacidad de gestionar la ampliación del pueblo y soluciones habitacionales. Ahí está el problema de porqué hay una crisis, y no por los emprendedores”.
Sobre la ordenanza, el edil opositor emitió un dictamen de minoría, que indica que si bien la normativa “persigue un fin legítimo, la medida no supera el test de razonabilidad al resultar desproporcionada y posiblemente innecesaria”.
“La ordenanza podría vulnerar el principio de igualdad al afectar solo a nuevos emprendimientos. Por lo expuesto, se recomienda desestimar el proyecto de ordenanza en cuestión, instando al municipio a buscar alternativas menos lesivas para abordar la crisis habitacional que sean compatibles con el marco constitucional vigente”, afirma el dictamen
