Guillermo Pérez Luque
Uno de los fallos fue dictado por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y tuvo como protagonista una mujer de nacionalidad dominicana, radicada desde hacía varios años en la provincia.
La causa se originó a partir de una denuncia anónima que advertía sobre la comercialización de cocaína en la localidad de Las Heras. A partir de esa información, se desplegaron tareas investigativas que permitieron identificar a la imputada y avanzar con medidas judiciales.
El 31 de octubre de 2023, durante un allanamiento en su vivienda y en su vehículo particular, las fuerzas de seguridad secuestraron 161,9 gramos de clorhidrato de cocaína, fraccionados en múltiples envoltorios, junto con otros elementos vinculados a la venta de estupefacientes.
En la sentencia, el Tribunal remarcó que “la cantidad de sustancia secuestrada, su forma de acondicionamiento y las circunstancias del hallazgo resultan compatibles con una actividad de comercialización”, descartando que se tratara de tenencia para consumo personal.
La mujer imputada reconoció los hechos y aceptó la calificación legal en el marco de un juicio abreviado, lo que permitió dictar sentencia sin llegar a un debate oral. Fue condenada a cuatro años de prisión y multa, aunque el Tribunal resolvió que la pena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Al fundamentar esa decisión, los jueces valoraron especialmente su estado de salud y su situación familiar, ya que la mujer tiene un hijo menor a su cargo. En ese contexto, el fallo subrayó que “el interés superior del niño debe ser una consideración primordial” al momento de resolver sobre la modalidad de cumplimiento de una condena penal.
Narcomenudeo y mensajes en clave
La segunda sentencia corresponde a una causa tramitada en la localidad de Los Antiguos, donde fue condenada de otra mujer, madre de dos niños pequeños, por su participación en una operatoria de venta de drogas al menudeo.
De acuerdo a la información a la que accedió Ahora Calafate en este caso la investigación se inició en 2021, a partir de información aportada a la Prefectura Naval Argentina, y se extendió durante más de un año. En ese período se realizaron tareas de vigilancia, seguimiento y análisis de comunicaciones, que permitieron reconstruir la modalidad de venta.
El 18 de noviembre de 2022, durante un allanamiento en su domicilio, se secuestraron casi 75 gramos de marihuana, una planta de cannabis y balanzas digitales con restos de marihuana y cocaína, además de otros elementos utilizados para el fraccionamiento.
Uno de los ejes centrales de la causa fue el análisis del teléfono celular de la imputada. Allí se recuperaron mensajes en los que se realizaban pedidos y ofrecimientos de droga, utilizando términos habituales del narcomenudeo como “flores”, “churro” o “pepa”.
Según destacó el Tribunal, “las conversaciones recuperadas permiten tener por acreditada la existencia de acuerdos de venta, entrega y cobro de estupefacientes”.
A partir de esa prueba, los jueces descartaron que se tratara de tenencia para consumo personal y consideraron plenamente acreditada la finalidad de comercialización.
Como en el caso anterior, la mujer imputada también aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y fue condenada a cuatro años de prisión, además de multa y costas.
Si bien el fallo tuvo en cuenta su situación personal y familiar, el Tribunal remarcó que se trata de un delito que afecta directamente a la salud pública, bien jurídico especialmente protegido por la legislación penal.
Aunque se trata de dos causas diferentes, con contextos personales y modalidades delictivas distintas, ambos fallos reflejan un criterio común de la Justicia Federal en Santa Cruz al abordar delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
