Guillermo Pérez Luque
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 rechazó el pedido de organizaciones ambientalistas para suspender las audiencias públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, y dejó firme la realización de las jornadas previstas para el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados.
De esta manera, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, confirmó que el proceso seguirá adelante tal como estaba previsto, en medio de una creciente disputa política y judicial en torno al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Las audiencias, que marcan el inicio del tratamiento en Diputados de una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado, tendrán un total de 360 expositores, distribuidos entre 180 presenciales y 180 virtuales. El nivel de interés fue tal que se registraron más de 100.000 inscriptos, lo que obligó a extender el horario previsto originalmente para poder garantizar cerca de 200 intervenciones por jornada.
La postura del oficialismo de no querer acceder a extender la duración de la audiencia pública ante el aluvión de inscriptos tuvo la crítica del diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). "La audiencia pública no puede hacerse en dos días, y mucho menos violando la oralidad, reemplazándola por videos o escritos. No es participación, es simulación", posteo en X, junto a una imagen del estadio Monumental.
El eje del proyecto genera fuertes cuestionamientos, ya que propone redefinir las áreas periglaciares, lo que podría reducir las zonas restringidas para la actividad minera. Este punto es el que concentra las principales críticas de organizaciones ambientales y sectores de la oposición.
La controversia se intensificó cuando distintas ONG —entre ellas Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas— presentaron una medida cautelar para modificar el esquema de participación. En el planteo, solicitaron ampliar las audiencias y garantizar la intervención oral de todos los inscriptos, cuestionando el sistema alternativo que permite la presentación de exposiciones mediante videos.
Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido, lo que fue celebrado por el oficialismo. Mayoraz defendió el procedimiento y aseguró que “el marco legal se cumple al pie de la letra”, además de afirmar que no se aplicaron criterios restrictivos para la participación.
El diputado también elevó el tono contra las organizaciones que impulsaron la cautelar, al sostener que se trató de un intento de “boicotear” el proceso de debate público.
Pese al revés judicial, desde los sectores ambientalistas no descartan avanzar con nuevas acciones para cuestionar el procedimiento e incluso plantear la nulidad del proceso, lo que anticipa que la discusión por la reforma de la Ley de Glaciares continuará con alta tensión en el Congreso.
