Guillermo Pérez Luque
En medio del debate por el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, Villalonga expresó una fuerte postura crítica sobre cómo se está llevando adelante la discusión. Si bien aclaró que no se opone a revisar la norma, rechazó la forma en que se impulsa el cambio y la falta de análisis previo.
“La ley tiene 15 años de aplicación y puede ser evaluada”, explicó. En ese sentido, sostuvo que es válido introducir mejoras, pero advirtió que la modificación debe venir de una evaluación. Y eso no se dio “No hubo ninguna evaluación, sino solamente prejuicios y demandas de algunos gobernadores”, afirmó, al tiempo que calificó el proceso como “muy ideologizado...todo se está haciendo en base a un fundamentalismo ideológico”.
Un proceso “irracional” y sin debate
En la entrevista con FM Dimensión, el especialista en cuestiones ambientales y ex diputado cuestionó con dureza el tratamiento legislativo del proyecto, señalando que se intentó avanzar de manera acelerada y sin instancias reales de discusión.
“El texto se conoció horas antes de que se empezaran a firmar los dictámenes. La actitud fue atropellar”, remarcó. También indicó que la iniciativa fue incluida en instancias de tratamiento exprés, primero en la Ley Bases y luego en sesiones extraordinarias.
Según detalló, incluso las instancias informativas fueron limitadas y tardías. “Se convocó a opinar cuando el dictamen ya estaba negociado”, señaló, cuestionando la falta de participación efectiva.
Para Villalonga, una norma de este tipo requiere consenso amplio, ya que establece criterios de protección ambiental para todo el país y afecta especialmente a provincias cordilleranas.
Más de 100 mil inscriptos y una reacción social inédita
Uno de los datos más destacados es la cantidad de personas anotadas para participar de la audiencia pública convocada para el miércoles 25 (presencial) y jueves 26 (virtual).
“Es una locura, nunca se vio esto”, expresó Villalonga, al referirse a los más de 100 mil inscriptos. A su entender, esta cifra refleja una reacción social frente a la forma en que se está llevando adelante el debate.
“Es una reacción inversamente proporcional al ninguneo y la prepotencia con la cual se quiere hacer esto”, afirmó. Y agregó que este nivel de participación demuestra que “todavía hay síntomas de buena salud en la Argentina”.
“No es una audiencia pública, es un seminario”
Villalonga también fue muy crítico de la modalidad de participación prevista, señalando que no se trata de una verdadera audiencia pública.
“No están armando una audiencia pública, sino un seminario”, sostuvo, al explicar que solo podrán exponer alrededor de 200 personas, lo que representa menos del 0,5% de los inscriptos.
Además, cuestionó el criterio de selección. “Van a hablar determinados participantes elegidos de manera discrecional”, indicó. Incluso contó su propio caso. Está entre los primeros 20 inscriptos de la lista nacional y entre los 10 de la provincia de Buenos Aires, pero no fue seleccionado para hablar.
“En una audiencia pública las autoridades se tienen que bancar a la gente que se inscribió”, remarcó. Y explicó que este tipo de instancias deben servir para escuchar a la ciudadanía, no para armar paneles.
Riesgos para la “licencia social” de la minería
El ex diputado también advirtió que este proceso puede tener consecuencias negativas para la actividad minera, incluso desde la perspectiva de quienes impulsan la reforma.
“Si el sector minero buscaba licencia social, este es el camino más inseguro”, afirmó en el programa “A Diario”. Consideró que avanzar sin consenso puede aumentar el rechazo social, especialmente en provincias cordilleranas.
Aclaró que no se trata de una postura antiminera, sino de defender la ley de glaciares como herramienta de ordenamiento ambiental.
Judicialización
Villalonga consideró que, por la forma en que se está desarrollando el proceso, es muy probable que el tema termine judicializado.
Además, explicó que detrás del intento de reforma existe una disputa histórica entre Nación y provincias. Recordó que la Constitución establece que el Congreso fija presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las provincias administran sus recursos naturales.
En ese sentido, señaló que algunos gobiernos provinciales buscan limitar esa potestad nacional. “Quieren volver a un esquema donde cada provincia regula por su cuenta”, advirtió.
El especialista también puso en contexto el origen de la norma, recordando que fue resultado de años de debate y de situaciones concretas que motivaron su sanción.
“Antes de la ley de glaciares teníamos actividades que destruían glaciares”, afirmó. Y cuestionó que hoy se intente modificarla sin comprender ese antecedente.
Para Villalonga, cualquier cambio debería partir de entender por qué existe la ley y qué problemas vino a resolver. “Cuando uno comprende eso, puede evaluarla y ajustarla”, indicó.
Sin embargo, insistió en que nada de eso está ocurriendo en el debate actual, que se está dando sin evaluación, sin consenso y bajo un enfoque ideológico.
La discusión continuará en los próximos días con la audiencia pública, en un contexto marcado por alta participación ciudadana y fuertes cuestionamientos al proceso.
