Guillermo Pérez Luque
La convocatoria a la audiencia pública para debatir el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo de tensión política en el Congreso. Diputados de la oposición denunciaron un intento de modificar las reglas de participación cuando el proceso ya está en marcha y con decenas de miles de personas anotadas.
La polémica se desató luego de que los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), emitieran una resolución que fija nuevos criterios para la participación en la audiencia pública prevista para los días 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
La medida se fundamenta en la enorme cantidad de personas anotadas para participar. Según se informó, a pocos días de abierta la inscripción ya se superaron las 40 mil inscripciones.
Cambios en la modalidad
De acuerdo al nuevo criterio, quienes estén inscriptos podrán enviar sus ponencias por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos, que serán publicados en el canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados.
Además, se invitará a exponer de manera presencial el 25 de marzo o virtual el 26 solo a quienes se encuentren entre los primeros inscriptos de cada provincia, con el objetivo de garantizar representación federal.
Las autoridades de comisión argumentaron que la magnitud de las inscripciones “torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable”, por lo que consideraron necesario establecer criterios organizativos para el desarrollo de la audiencia.
Fuerte rechazo de la oposición
La decisión fue duramente cuestionada por legisladores de la oposición, quienes denunciaron que se intenta cambiar las reglas de participación después de lanzada la convocatoria.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI), uno de los impulsores del pedido de audiencia pública, acusó al oficialismo de manipular el proceso.
“Los diputados Mayoraz y Peluc hacen trampa y trabajan para la judicialización. Se quieren robar la pelota y jugar solos”, afirmó.
Ferraro remarcó que el reglamento establece que la modalidad de participación debe definirse antes de la convocatoria.
“Una audiencia pública es para que la ciudadanía sea escuchada, no para pedirle a la gente que mande un videíto o un texto que nadie va a ver ni leer”, agregó.
El legislador también recordó que las pautas iniciales contemplaban la posibilidad de extender los días de audiencia si la cantidad de participantes lo requería.
“No querían escuchar”
Desde Santa Cruz, la diputada Ana María Ianni (Unión por la Patria) también cuestionó la decisión del oficialismo.
“No querían hacer las audiencias, nunca quisieron escuchar otras voces, montaron un show y ahora tienen que hacer trampa porque se les fue de las manos”, expresó.
La legisladora vinculó la masiva inscripción con el rechazo social a los cambios en la normativa ambiental.
“Los más de 45.000 inscriptos es el pueblo pidiendo a gritos que no rematen nuestros recursos, nuestra agua, nuestra fuente de vida”, sostuvo.
Debate con alta expectativa
El proyecto que se debate propone modificaciones al régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, una norma clave para la protección de reservas de agua dulce en la cordillera.
La audiencia pública fue convocada para recoger opiniones de especialistas, organizaciones, instituciones y ciudadanos antes de que el proyecto avance en su tratamiento legislativo.
La masiva inscripción anticipa un debate de alta intensidad política y social en torno a una de las leyes ambientales más importantes del país.
