Guillermo Pérez Luque
Un proyecto de ley que ya tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Santa Cruz plantea una modificación del régimen de asignaciones familiares, con foco en mejorar las condiciones de acceso y cobertura para familias con hijos con discapacidad.
La iniciativa, impulsada por el diputado Pedro Muñoz (CC-ARI), propone introducir cambios en la Ley Provincial N° 1.863, con el objetivo de adecuarla a las transformaciones que se dieron en los últimos años en los sistemas educativo, sanitario y social.
uno de los ejes principales del proyecto está puesto en la eliminación del límite de edad para acceder a la asignación por hijo en los casos de discapacidad. De aprobarse, el beneficio podrá mantenerse sin restricción etaria, siempre que se acredite la situación y la continuidad en procesos educativos, terapéuticos o de inclusión.
Junto con esa modificación, el proyecto incorpora un cambio relevante en términos económicos. El texto establece que el monto de la asignación por hijo se incremente de manera significativa cuando se trate de personas con discapacidad.
“El monto de la asignación por hijo/a se triplicará cuando el hijo/a […] sea una persona con discapacidad”
La misma lógica se aplica a la asignación por escolaridad superior, ampliando el alcance del beneficio en etapas donde, según se fundamenta, aumentan las demandas de acompañamiento y los costos asociados.
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es la ampliación del concepto de educación reconocido por la normativa. El proyecto plantea que el sistema actual resulta limitado frente a la diversidad de trayectorias que hoy atraviesan las personas con discapacidad.
En ese sentido, propone incorporar dentro del régimen de asignaciones a distintos espacios que forman parte del desarrollo educativo y social, como los centros educativos terapéuticos, instituciones de rehabilitación, programas de formación laboral y dispositivos orientados a la autonomía e inclusión sociolaboral.
La propuesta busca que estas instancias sean reconocidas formalmente como parte del proceso educativo, permitiendo así que las familias accedan a los beneficios económicos previstos por la ley.
En los fundamentos, el autor del proyecto sostiene que el sistema vigente quedó desactualizado frente a un modelo de atención que hoy es interdisciplinario y que incluye intervenciones educativas, terapéuticas y sociales.
También se pone el foco en el impacto económico que enfrentan las familias. El texto menciona que la continuidad de las trayectorias educativas implica costos adicionales, vinculados a apoyos especializados, transporte, materiales específicos y tratamientos complementarios.
En ese contexto, la triplicación de las asignaciones se plantea como una medida orientada a compensar esas mayores exigencias y a garantizar que el acceso a la educación no dependa de la situación económica.
El proyecto se encuadra además en normas de mayor jerarquía, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación nacional vigente, y se apoya en la Constitución de Santa Cruz, que reconoce el derecho al salario familiar.
La iniciativa deberá ahora ser analizada en comisiones antes de avanzar en su tratamiento legislativo. De aprobarse, implicaría una actualización del sistema de asignaciones familiares, con un enfoque orientado a la inclusión y la igualdad de oportunidades.
