Guillermo Pérez Luque
Banco de Bosques contestó el escrito que la secretaria de Energía de Nación elevó a la jueza federal Marra Giménez, que tiene en su despacho un pedido de la ONG para que dicte una medida cautelar que paralice la obras de las represas sobre el río Santa Cruz.
Dicha solicitud se presentó en noviembre del año pasado, al conocerse un artículo periodístico que revelaba que hubo fallas durante la ejecución de la represa Cóndor Cliff, unas grietas por deslizamiento de suelos en el talud que debe contener el desvío del río y el futuro vertedero de la presa.
La secretaría de Energía elevó un informe rechazando la exactitud de la información periodística y afirmando que se analiza hacer modificaciones al proyecto, mudando estas obras a la otra margen del río Santa Cruz.
En su informe el gobierno afirma que “se encuentra en etapa de evaluación el cambio de margen de las obras de desvío del río Santa Cruz y los descargadores del fondo que forman parte de la misma obra (que comprende el desplazar esa obra desde la margen derecha hacia la margen izquierda). En dicho escenario, las características geométricas y las condiciones hidrodinámicas asociadas al flujo de agua a través de ellas no experimentarán variaciones significativas ya que la obra se traspone de una margen a otra como una integralidad. En otras palabras, se trata de una reubicación de componentes de la obra sobre un mismo eje del río”.
Esto mereció la respuesta de la ONG ambientalista, que contestó y criticó fuertemente los argumentos del gobierno. “La demandada pretende minimizar las consecuencias de trasladar las obras de una margen a otra del río, como si se tratara de una nimiedad. Esto no representa ninguna novedad ya que despreciar variables de riesgo se ha convertido en una conducta reiterada de parte de las autoridades energéticas”, afirma un escrito que figura en el expediente y al que accedió AHORA CALAFATE.
También Banco de Bosques manifiesta a la jueza que “resulta inadmisible la liviandad con la que la Secretaría de Energía pretende justificar la reubicación de las obras bajo el eufemismo de una cuestión técnica de relevancia”.
“Desde luego que trasladar la obra de una margen a otra tiene implicancias sociales, ambientales y ecosistémicas. El grado de improvisación con el que actúa la demandada revela un obrar negligente que de ninguna manera se condice con eminentes principios de política ambiental, como lo son el principio preventivo y el principio precautorio”.
Uno de los abogados que firma la presentación es el Dr. Cristian Fernández, quien en declaraciones a FM DIMENSION fue tajante. “Hay un ocultamiento sistemático, una matriz oscurantista muy profunda que hay que desentrañar”.
“Lo que está sucediendo en Cóndor Cliff es la crónica de una tragedia anunciada” afirma el escrito. Frase que fue reiterada por Fernández en la entrevista con la Radio de El Calafate.
El abogado ambientalista advirtió además que construir en la otra margen es tan o mas riesgoso que en la actual, donde se formaron grietas.
En tal sentido cita como argumento la página 47 del EsIA (Estudio de Impacto Ambiental), del que se desprende “que ya en el año 2017 se conocían deslizamientos en el lugar en el que pretende implantarse Cóndor Cliff y, a pesar de ello, se decidió avanzar en la construcción”.
“Pretenden ubicarla sobre una zona en la que está presente una morena (material glaciar no estratificado). Ello pone de relieve el desprecio de las autoridades respecto de la información previa, el abierto incumplimiento del principio preventivo y la prioridad oficial de avanzar con la obra a cualquier costo y con cualquier sacrificio”, remarca.
Con estos y otros argumentos presentados en un escrito de 45 hojas, Banco de Bosques insiste en pedir a la Justicia Federal que dé curso a una medida cautelar que frene las obras hasta tanto se hagan los estudios necesarios a las modificaciones planteadas.
“Nada dice (la respuesta de la Secretaría de Energía de Nación) acerca estudios de impacto ambiental que involucren dicho rediseño ni sobre la oportunidad para debatir socialmente los riesgos que la reubicación de las estructuras de hormigón para el desvío del río y el vertedero de Cóndor Cliff traerá aparejados”, afirma la ONG.
Además pedir que se frene la obra, Fernández manifestó en el programa Radio Activa que solicitaron que los responsables técnicos y políticos de los eventuales cambios en el proyecto se hagan cargo por escrito.
“Para aclarar el panorama acerca de lo que ha verdaderamente acontecido en Cóndor Cliff, en aras de la ansiada transparencia, es fundamental que IEASA y la UTE publiquen declaraciones juradas de los Ingenieros a cargo de la obra y de los funcionarios que la supervisan, con nombre y apellido. No hay más lugar para comunicados genéricos sobre los que nadie asume responsabilidad”, manifiesta.
“Tampoco para que quienes se encuentran destruyendo nuestro último río glaciario se escondan detrás de un informe firmado por un abogado de la Secretaría de Energía. Es importante conocer a los responsables de esta “reubicación” de la obra y sus declaraciones juradas sobre lo acontecido teniendo a efectos de poder individualizarlos, teniendo en cuenta la responsabilidad solidaria y ante un eventual juicio por daño ambiental colectivo”, sostiene Banco de Bosques en su presentación. (Guillermo Pérez Luque)
