Buscan por Ley garantizar atención sanitaria permanente para la población rural de Santa Cruz

Una experiencia sanitaria que nació hace más de una década en El Calafate y las estancias del departamento Lago Argentino vuelve a la agenda provincial. Esta vez, con la intención de transformar en ley un programa que ya había sido creado por decreto, pero cuya implementación no logró consolidarse de manera sostenida en todo Santa Cruz.

El diputado por El Calafate Carlos Alegría presentó el Proyecto de Ley que propone crear por ley el Programa Provincial de Salud Rural y Garantía de Acceso Integral a la Atención Sanitaria. La iniciativa ingresó a la Legislatura el 21 de octubre.

El objetivo central es que quienes viven o trabajan en estancias, puestos y otros establecimientos rurales no dependan exclusivamente de poder trasladarse hasta una ciudad para acceder al sistema de salud.

Para eso, el proyecto establece equipos interdisciplinarios que deberán salir al territorio, realizar controles, detectar enfermedades, efectuar seguimientos y organizar las derivaciones que sean necesarias.

Una política que nació en El Calafate

El antecedente directo está en el trabajo desarrollado durante años desde la Unidad Comunitaria de Salud Familiar “Dr. José Formenti”.

Equipos integrados por médicos, enfermeros, trabajadores sociales y otros profesionales comenzaron a recorrer periódicamente establecimientos rurales de Lago Argentino para controlar el estado de salud de sus habitantes.

En junio de 2022, Ahora Calafate informó que desde el Formenti se había elevado al Ministerio de Salud una propuesta para extender esa experiencia al resto de Santa Cruz.

Buscan extender a toda la provincia el programa de Sanidad Rural

El paso siguiente llegó en enero de 2023. La entonces gobernadora Alicia Kirchner firmó el Decreto 0094/2023, mediante el cual el Programa de Salud Rural pasó formalmente a tener alcance provincial. La norma estableció que debía implementarse en todas las zonas rurales de Santa Cruz mediante atención domiciliaria de equipos interdisciplinarios.

NOVEDAD. El Programa de Salud Rural ya es Provincial

El decreto fijó incluso metas concretas: alcanzar al 70% de la población rural durante el primer año y al 100% durante el segundo, con un mínimo previsto de tres visitas domiciliarias anuales.

Una implementación que no consiguió consolidarse

La provincialización formal, sin embargo, no significó que el programa alcanzara automáticamente ese despliegue territorial.

En mayo de 2024, la propia Cámara de Diputados aprobó una resolución solicitando al Gobierno información sobre la situación del Programa de Salud Rural en Lago Argentino y sectores de la Cuenca Carbonífera, incluyendo una pregunta concreta sobre las medidas adoptadas en caso de que las recorridas hubieran sido interrumpidas.

La Legislatura reconoce al equipo de Sanidad Rural de El Calafate, y pide al Ministerio que extienda el programa a toda la provincia

En enero de 2026 desde el Ministerio de Salud se anunció que buscaba “reactivar y fortalecer” el Programa de Salud Rural. La secretaria de Abordaje Comunitario, Estefanía Stricker, explicó que el objetivo era “volver a implementar” el programa con alcance provincial y de manera articulada con organizaciones del sector rural.

Es justamente sobre esa realidad que se apoya ahora el proyecto de Alegría.

Qué cambia si el programa queda establecido por ley

El proyecto no plantea que el Decreto 0094/2023 haya perdido vigencia ni afirma que el programa se encuentre totalmente interrumpido. Los propios fundamentos aclaran esa cuestión. La propuesta busca darle mayor estabilidad jurídica, establecer obligaciones verificables y sumar mecanismos de planificación, presupuesto y control legislativo.

En otras palabras, pretende que el funcionamiento de Salud Rural no dependa únicamente de decisiones administrativas de cada gestión.

Alegría lo plantea en sus fundamentos al asegurar que “la igualdad ante el sistema sanitario no puede interpretarse como la aplicación de una respuesta idéntica a realidades diferentes”.

El razonamiento parte de una diferencia concreta: una persona que vive a pocos minutos de un hospital y otra que se encuentra en una estancia alejada pueden tener formalmente el mismo derecho a la salud, pero no necesariamente las mismas posibilidades de ejercerlo.

Al menos tres visitas por año

La nueva ley mantendría uno de los pilares del programa original. Los equipos deberán realizar un mínimo de tres visitas domiciliarias anuales a cada establecimiento rural relevado, aunque podrán hacerse más cuando la situación sanitaria lo requiera.

Las prioridades serán personas con enfermedades crónicas, embarazadas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes tengan mayores dificultades para acceder a los centros sanitarios.

Las visitas deberán quedar registradas, incluyendo prestaciones realizadas, derivaciones y aquellas recorridas que deban reprogramarse por cuestiones climáticas, viales o de seguridad.

Qué atención se brindaría

El proyecto detalla una cobertura bastante amplia. Incluye controles de niños y adolescentes, vacunación, seguimiento de embarazos, detección y control de hipertensión y diabetes, prevención de enfermedades transmisibles y zoonóticas como hidatidosis y triquinosis, atención odontológica y oftalmológica, salud sexual, salud mental, nutrición y prevención de consumos problemáticos.

También contempla la detección de personas que necesiten especialistas, estudios, rehabilitación, medicamentos o insumos y obliga a establecer mecanismos para que esas derivaciones tengan seguimiento.

El concepto es que la visita rural no termine simplemente con un chequeo, sino que el poblador quede vinculado con un establecimiento sanitario de referencia y pueda continuar su tratamiento.

Otro de los cambios es la obligación de realizar un relevamiento sociosanitario y territorial permanente. El programa deberá contar con cartografía digital y georreferenciación de los establecimientos rurales para organizar recorridos, identificar zonas de difícil acceso y determinar qué centro de salud corresponde a cada área.

Esa información deberá resguardar los datos personales y sanitarios. La idea es poder responder preguntas básicas que resultan fundamentales para planificar: cuántas personas viven o trabajan en el ámbito rural, dónde están, qué necesidades sanitarias tienen y qué establecimientos todavía no fueron alcanzados.

Metas que deberán poder medirse

Uno de los puntos que diferencia al nuevo proyecto es que intenta convertir las metas generales del decreto en obligaciones sujetas a seguimiento.

Dentro de los primeros 90 días, Salud deberá elaborar una línea de base que determine población rural, establecimientos, áreas sanitarias, recursos disponibles y necesidades.

Después deberá alcanzar al menos al 70% de la población identificada durante los primeros doce meses y al 100% dentro de los 24 meses.

Si esas metas no se cumplen, la autoridad deberá explicar las dificultades y plantear medidas correctivas.

También habrá que informar a Diputados

El proyecto incorpora además un mecanismo que no estaba desarrollado de esta manera en el decreto original. Cada año el Ministerio de Salud deberá remitir a la Legislatura un informe detallado sobre: cantidad de pobladores alcanzados, establecimientos incorporados, visitas realizadas y pendientes, prestaciones brindadas, derivaciones, personal disponible, vehículos asignados y dinero ejecutado.

También deberá informar cuál fue el grado de cumplimiento de las metas y qué dificultades encontraron los equipos. Eso permitiría conocer periódicamente si el programa funciona realmente en todo el territorio y no solamente si existe formalmente una norma que lo crea.

Recursos y personal

La propuesta también obliga a contemplar en el Presupuesto provincial los recursos necesarios para que el programa pueda funcionar.

Allí deberán aparecer partidas destinadas a personal, movilidad, combustible, equipamiento, insumos sanitarios, sistemas de información y compensaciones para quienes integren las comisiones rurales.

Este punto resulta central en Santa Cruz, donde cada recorrido puede implicar cientos de kilómetros, caminos de ripio, condiciones climáticas adversas y largas jornadas fuera de los centros urbanos.

El incentivo para quienes salen al campo

El proyecto conserva además el Módulo Unidad Asistencial Primaria Rural (UAPRU), creado por el decreto de 2023 para compensar al personal que participa de estas recorridas.

Cada módulo equivaldrá al valor de 100 litros de nafta súper de YPF en Río Gallegos, con actualización semestral.

Por cada jornada efectivamente realizada, el médico generalista recibiría cuatro módulos; otros profesionales, tres; agentes sanitarios y técnicos, dos; y conductores o auxiliares de traslado, uno.

El proyecto agrega mecanismos de acreditación y control para evitar pagos duplicados por una misma comisión de servicio.

El Proyecto de Alegría recién inicia ahora su recorrido legislativo. Para convertirse en ley deberá atravesar las comisiones correspondientes y luego obtener la aprobación de la Cámara.

La discusión que propone es, en definitiva, si una política sanitaria que nació hace años desde el Formenti y que en 2023 fue formalmente extendida a toda Santa Cruz debe quedar ahora respaldada por una ley que obligue a sostenerla, financiarla, medir sus resultados y explicar cuando las metas no se cumplan.