TELEFONíA e INTERNET. Para proteger a COTECAL, el Municipio pone altas condiciones a empresas para instalarse en El Calafate

En la sesión de ayer jueves, el Concejo Deliberante de El Calafate avaló el decreto del Intendente Javier Belloni en el que se imponen condiciones a empresas de telecomunicaciones que quieran instarse en la localidad. Los cuatro ediles oficialistas acompañaron la iniciativa, mientras que la concejal Ethel Torres, de Encuentro Ciudadano, votó en contra.

El decreto tiene tres artículos. El primero eleva de 4 mil a 3 millones las Unidades Fijas (UF) el monto que deben pagar las empresas de este rubro para iniciar su actividad comercial. En El Calafate la UF tiene un valor de $ 3.40, por lo que el monto a pagar sería $10.200.000. 

El segundo artículo fija una tasa anual de 1.765 UF por cada antena que se instale, lo que equivale a $ 6.000.

Y por último, el Municipio pone como condición una habilitación técnica en que la empresa interesada debe presentar “la documentación que respalde su capacidad para prestar servicio”. 

Además, esa documentación debe incluir un dictamen de la Cooperativa Telefónica de El Calafate (COTECAL), “en la cual se defina la factibilidad técnica necesaria para un servicio eficiente”, afirma el decreto. 

Con 6.600 abonados la COTECAL es quien tiene el predominio absoluto de las telecomunicaciones en El Calafate. De acuerdo a la normativa sancionada será la misma cooperativa quien defina si una empresa (su competencia) está en condiciones técnicas de instalarse.

FRENAN LA INSTALACION DE UNA ANTENA

El decreto municipal que avaló la mayoría oficialista se da pocos días después de un hecho, que es disparador de tal decisión. AHORA CALAFATE supo que el 21 de mayo pasado, la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad tomó intervención ordenando la inmediata paralización de la instalación de una antena para el servicio de internet y banda ancha.

La antena es de una empresa de Río Gallegos, y estaba siendo colocada en el predio en el depósito judicial de vehículos (ruta provincial 15) que está bajo responsabilidad de la Policía de Santa Cruz. La paralización fue porque la empresa no contaba con los permisos municipales para tal obra.

Además se notificó a la compañía que desista de instalar una segunda antena, proyectada para el predio de la Planta Potabilizadora de Agua, que pertenece otro organismo del estado provincial, Servicios Públicos.