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Después de la Guerra de Malvinas: cómo continuó el reclamo diplomático argentino a través de los gobiernos

La Argentina disputó la soberanía de las Islas Malvinas de manera pacífica antes y después del enfrentamiento bélico de 1982. Los gobiernos democráticos tuvieron una postura en común frente a organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas.

Actualidad - El País 03/04/2022 Chequeado
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El 2 de abril se cumplen 40 años del inicio de la guerra de Malvinas. Sin embargo, el reclamo argentino no terminó allí: la disputa diplomática por la soberanía precede el enfrentamiento bélico y también lo sucede.

Desde el regreso de la democracia, los gobiernos constitucionales continuaron una homogénea demanda por el reconocimiento de la soberanía argentina de las islas en organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Pero, además, los distintos gobiernos nacionales ensayaron diferentes estrategias de relacionamiento bilateral con Gran Bretaña, en las que la “Cuestión Malvinas” ocupó distinto peso en la agenda de negociación.   

La posición argentina en relación con la soberanía de las Islas Malvinas fue sintetizada antes de la guerra, en 1964, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas por el entonces delegado argentino José María Ruda. Su intervención es conocida como el “Alegato Ruda” y en esa oportunidad el embajador enumeró las distintas razones por las cuales la Argentina consideraba a las islas como propias.

En primer lugar, se argumentó que las islas son parte de la Argentina, ya que previamente fueron parte de los territorios coloniales de España y que los gobiernos patrios designaron representantes en las islas desde el inicio de su proceso de independencia.

Además, se indicó que las islas fueron ocupadas ilegalmente por Gran Bretaña en 1833 por la fuerza y que desde entonces la Argentina no ha dejado de reclamarlas.

El argumento argentino se enmarcó dentro de los reclamos por la descolonización pero también diferenció esta situación en particular, al detallar que los pobladores argentinos fueron desalojados con violencia, suplantados por población de origen británico.

Es por eso que la Argentina considera que el principio de libre determinación -es decir, el derecho de los pueblos a elegir sus propias formas de gobierno y de procurar su desarrollo económico, social y cultural sin injerencias- estaría mal aplicado en este caso.

“Frente a organismos multilaterales como Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se mantiene una continuidad, mismos planteos, mismos argumentos”, indicó a Chequeado Agustín Romero, doctor en Ciencia Política y secretario del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas del Congreso de la Nación (2007-2015), y agregó: “Si ves una declaración y tapás el nombre del embajador que la hizo, no vas a saber de qué gobierno es”.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, Guillermo Carmona, señaló a este medio: “En forma constante, y durante todos los gobiernos democráticos, la República Argentina ha rechazado el recurso a la fuerza y se mostró continuamente dispuesta a la negociación bilateral como medio para alcanzar una solución pacífica de la controversia, de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General y el Derecho Internacional”.

“Este compromiso se encuentra en la cláusula transitoria primera de la Constitución nacional [N. de la R: incorporada en la reforma constitucional de 1994] y va de la mano con el respeto al modo de vida de los isleños”, agregó.

Las negociaciones bilaterales

Todos los especialistas consultados por Chequeado coincidieron en que en el plano bilateral, entre la Argentina y Gran Bretaña, los gobiernos democráticos posteriores a la guerra de 1982 tuvieron distintas estrategias.

Francisco Corigliano, doctor en Historia, magíster en Relaciones Internacionales y profesor de las universidades Torcuato Di Tella y San Andrés, señaló a este medio que los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y el de Mauricio Macri (2015-2019) “durante su primer año de gestión” llevaron adelante políticas que “colocaron en un paraguas la cuestión de la soberanía a corto plazo (sin abandonar la opción de recuperación, pero la pospusieron para el largo plazo)”, mientras que en el período inmediato se buscaron “gestos de acercamiento con el Reino Unido e incluso con los isleños, a quienes consideraron parte de la negociación”.

“Durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y, actualmente en el de Alberto Fernández, la agenda de Malvinas es prioritaria en el diálogo bilateral con el Reino Unido y cruza transversalmente toda la agenda”, explicó Romero y agregó que “en las administraciones de Menem y Macri, la agenda de Malvinas era uno de los temas de los que se hablaba con el Reino Unido. Se entendía que el conflicto no debía perjudicar la agenda bilateral global”.

El especialista añadió que durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde “no hubo grandes movimientos” y que se dio “una continuidad con lo anterior”.

Más recientemente, en los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner se llevó la Cuestión Malvinas a otros organismos multilaterales, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); y que esa estrategia durante el gobierno de Cambiemos bajó de intensidad, de acuerdo con lo relatado por Romero.

“La diferencia en la Cuestión Malvinas también se puede entender dentro del péndulo de la política exterior argentina”, describió a Chequeado Lilian Berardi, licenciada en Relaciones Internacionales que ha investigado la Cuestión Malvinas y actualmente está realizando su doctorado en la Universidad Nacional de Rosario. Y agregó: “Los gobiernos de Menem y Macri, que tuvieron más interés en relacionarse con los grandes centros de poder, no dejaron de lado el reclamo pero llevaron la relación bilateral con Gran Bretaña a lo que se conoce como ‘asuntos prácticos’ o a la idea de solucionar problemas asociados con la disputa de la soberanía, como la exploración y la explotación de hidrocarburos, la pesca y los viajes”.

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