El Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIPDH-UNESCO), adhirió recientemente a la presentación realizada por el Gobierno de Santa Cruz ante la Justicia Federal como querellante en la causa donde se solicita declaración de delitos de lesa humanidad a los fusilamientos ocurridos en la provincia durante 1920 y 1921.
Santa Cruz05/12/2022
Guillermo Pérez Luque
Es importante resaltar que este acompañamiento por parte del organismo internacional se realizó bajo la premisa, enunciada en el Art. 8 de la Declaración de los Derechos Humanos, que manifiesta: “…toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
El mismo se da a conocer en concordancia con la proximidad del 7 de diciembre, día que será feriado en Santa Cruz en conmemoración a los obreros fusilados en las denominadas “Huelgas Patagónicas” sucedidas en territorio santacruceño. Esta fecha fue instaurada a partir de la sanción de la Ley Provincial N° 3668 en 2019.
El 7 de junio de 2021 el Gobierno de Santa Cruz, por decisión de la gobernadora Alicia Kirchner, se presentó ante la Justicia Federal como querellante en la causa donde se solicita declaración de delitos de lesa humanidad a los fusilamientos ocurridos en la provincia durante 1920 y 1921.
El Ejecutivo Provincial efectivizó la presentación oficial ante la fiscalía del Juzgado Federal de Caleta Olivia solicitando la investigación de los sucesos ocurridos durante las Huelgas Patagónicas. Para tal fin, se recurrió a la historiografía oficial, que cuenta con los documentos necesarios para brindar testimonio y asegurar que se devele la verdad dado que se trata de víctimas largamente silenciadas.
La sentencia podría incluir disposiciones sujetas a las prioridades de los familiares y de la comunidad local. En esta línea, similar a la acaecida con la Masacre de Napalpí (Chaco, 1924), se espera un reconocimiento que dictamine que existió responsabilidad del Estado nacional en el delito como crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso de genocidio.
Se busca que la Justicia ordene al Gobierno Nación continuar con la búsqueda e identificación de los cuerpos de los fusilados; marcar mojones en los sitios donde ocurrieron los fusilamientos (estancia San José, Bellavista y La Mata); remover monumentos y nombres de calles asociadas a los responsables directos e indirectos y reemplazarlas por homenajes a las víctimas; realizar cursos de formación de funcionarios públicos sobre los hechos de la causa; actualizar la currícula de estudio en los tres niveles educativos para incluir reflexiones sobre el fusilamiento; articular un pedido de disculpas en representación de los Estados nacional y local; y/o crear un museo, archivo o sitio de memoria, entre muchas otras iniciativas.
El CIPDH-UNESCO, que conduce Fernanda Gil Lozano refrenda lo enunciado en la presentación del Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz, y manifiesta que a partir de esta acción, se abrirá el camino para buscar respuestas simbólicas y materiales: la reparación de los familiares, la identificación de las empresas que motivaron la masacre y el esclarecimiento de los patrones de explotación que continúan vigentes en varias regiones del país.
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