El Gobierno informó que desde abril reemplazará la segmentación de subsidios a las tarifas de luz y gas que había implementado la gestión anterior.
El nuevo esquema tendrá en cuenta el ingreso total del grupo familiar y una “canasta básica energética” para cada zona del país, por los cuales se determinará el monto de la asistencia para cada tipo de hogar. La medida es parte fundamental del ajuste que lleva adelante el Ministerio de Economía, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal en 2024 y en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La decisión fue comunicada por el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en el marco de la audiencia pública virtual del gas que tuvo ayer lunes su primera jornada y hoy culmina.
Allí se estudian los fuertes incrementos en las boletas del servicio público, a partir de la quita de los subsidios, más una recomposición de los ingresos de las empresas, y un índice de indexación mensual para evitar nuevos retrasos en términos reales.
Según explicó Chirillo a través de su presentación, la nueva propuesta para los subsidios tiene pilares. El primero será determinar los ingresos totales del grupo conviviente en una unidad familiar. El segundo será establecer una “canasta energética básica”, que cubra las necesidades básicas e indispensables de las personas, la cual se determinará en una cantidad de metros cúbicos en el caso del gas o kilovatios horas al mes para la electricidad que sería el máximo de lo que se considera subsidiable. Esa cesta tendrá en cuenta los tipos de consumo en distintas zonas del país.
Actualmente la segmentación contempla tres universos de usuarios pero determinados por la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC: los N1 (ingresos altos) que pagan tarifa plena por tener un ingreso mayor a 3,5 CBT, N2 ( ingresos bajos) con tarifa social y N3 (ingresos medios) que mantienen un subsidio de hasta 400 KWH para el caso de la electricidad y pagan pleno por el excedente.
La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la "determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes".
Los incrementos se realizarán paulatinamente a lo largo de todo 2024, en una modalidad que podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.
Los seis puntos restantes son la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural; la adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes; el traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución; el tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes; el tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC) y, por último, la reversión del Gasoducto Norte.
Voces en contra
En la audiencia pública hay 124 oradores previamente inscriptos para sentar la posición sobre el tema. Por el lado de gobiernos provinciales, municipales, ONG y particulares, se escucharon voces contrarias a la intención del gobierno junto con las operadoras de gas, de aplicar el esquema de quita de subsidios y por consiguiente aumento de tarifas.
MARIANA GROSSO - Defensoría del Pueblo de la Nación
A modo de ejemplo Ahora Calafate extrajo dos testimonios, el de Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación; y el de Claudia Susana Bard, de la Defensoría del Pueblo de Chubut.
CLAUDIA SUSANA BARD- Defensoría del Pueblo de Chubut
