Guillermo Pérez Luque
El Chaltén atraviesa nuevamente un escenario de tensión habitacional a partir de la orden judicial de desalojo que pesa sobre el asentamiento 23 de Abril. Con el plazo fijado para el 8 de diciembre, vecinos y vecinas del barrio mantuvieron una reunión con los concejales Elizabeth Romanelli y Carlos Ticó (UP), y Estefanía Leyes (EV), a fin de exponer su situación y solicitar acompañamiento institucional.
Durante el encuentro, las familias relataron cuánto tiempo llevan viviendo en el predio fiscal, cómo se organizaron desde 2022 y la ausencia de alternativas habitacionales en la localidad.
Los concejales tomaron nota de los planteos y reafirmaron la intención de seguir el proceso “dentro del marco legal vigente”, destacando la necesidad de resguardar la paz social. La defensa pública ya apeló la medida, al considerar que podría implicar un perjuicio para las familias involucradas.
El asentamiento se formó el 23 de abril de 2022 (de allí su nombre), en un contexto de fuerte crisis poblacional en El Chaltén, que no solo no se solucionó, sino que por el contrario se incrementó aún más. Allí viven actualmente familias que, según expusieron, no han logrado acceder a soluciones habitacionales tras años de gestiones ante distintos organismos.
La situación del asentamiento 23 de Abril vuelve a poner en debate cómo se están resolviendo en la localidad distintos casos de ocupación de inmuebles o terrenos. Uno de los expedientes más visibles en los últimos meses es el del ex hotel La Aldea, propiedad de Los Sauces S.A., donde viven aproximadamente 40 familias.
Originalmente previsto el desalojo para el 16 de noviembre, tras una audiencia, las partes alcanzaron un acuerdo para extender el plazo de desalojo hasta el 30 de abril de 2026, sin opción de prórroga.
Otro caso es el de un terreno ocupado por una familia sobre un área donde existen cañerías de agua y pozos de captación. Ahora Calafate dio a conocer este caso días atrás.
Allí, el argumento técnico era el riesgo ambiental y sanitario ya que en terreno que es estatal, tienen una cañería y un pozo de captación de agua para suministro a la localidad. Allí, el Juez Albarracín determinó la orden de desalojo cuyo plazo vence este viernes 21 de noviembre.
A diferencia de otros procedimientos donde se habilitaron instancias de negociación o plazos extendidos, los vecinos del asentamiento 23 de Abril señalan que aún no cuentan con alternativas propuestas para después del desalojo.
Autoridades locales ya habían advertido que una medida de este tipo, sin soluciones habitacionales, podría derivar en un problema social en la localidad.
Las familias esperan avances judiciales o administrativos que permitan revisar la situación antes del 8 de diciembre, mientras continúan manteniendo reuniones
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