Guillermo Pérez Luque
El debate por la adhesión de Santa Cruz a la Ley Nacional de Montañismo sigue generando repercusiones, especialmente después de los discursos pronunciados por dirigentes rurales durante la Exposición Ganadera en El Calafate.
El sector rural reclama ser parte de la definición de políticas vinculadas al uso del territorio, especialmente tras las jornadas intersectoriales de 2023, donde se abrió una mesa de dialogo para abordar el conflicto del uso de propiedades privadas para actividades recreativas y/o deportivas.
En ese contexto, las entidades rurales sostienen que no fueron consultadas durante el tratamiento de la ley. Como ya publicó Ahora Calafate, el presidente de la Sociedad Rural Lago Argentino, Julián Watson, expresó que la norma “no es beneficiosa”. Mientras que Enrique Jamieson, titular de la FIAS, fue más allá y pidió públicamente al gobernador Claudio Vidal que vete la ley aprobada por unanimidad en la Legislatura.
El diputado Carlos Alegría fue quien impulsó la adhesión a la Ley Nacional 27665 que declara al montañismo (incluyendo senderismo, trekking, escalada, etc.) como una actividad de interés deportivo, cultural y sociorecreativo en todo el territorio nacional.
Él legislador estuvo presente en el acto donde los dirigentes rurales realizaron las fuertes críticas. En declaraciones a Ahora Calafate, Alegría respondió directamente a esos planteos y aseguró que las críticas surgen “por desconocimiento” del alcance real de la ley.
“Claramente para mí no la entendieron. Yo les expliqué cuál es la intención de la ley. Es más, los propietarios de los campos tienen todas las de ganar con esto”, afirmó.
Alegría señaló que la adhesión es solo el primer paso, y que todo lo que preocupa al sector rural, como reglas de acceso, sanciones, habilitaciones, senderos permitidos o restringidos, se define en la reglamentación, que será responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial.
“Toda ley tiene una reglamentación. En la reglamentación es donde tienen que solicitar convenios entre los estancieros, aplicar el tema de las multas, establecer pasos, senderos y habilitaciones”, detalló.
Uno de los principales temores planteados por las entidades rurales es que la norma obligue a permitir el ingreso de montañistas en propiedades privadas. Alegría rechaza esa interpretación: “Ellos piensan que esta ley los va a obligar a que las personas pasen por sus campos, y por supuesto que la propiedad privada es un derecho constitucional”, subrayó.
Agregó que, bien trabajada, la reglamentación podría darle al propietario más respaldo legal que el que existe hoy. “Si los propietarios trabajan con el Ejecutivo y marcan los temas de interés en la reglamentación, la ley les proporciona un derecho, y a quienes lo infrinjan, una contravención directa”, explicó.
Otro de los argumentos que escuchó Alegría de parte de estancieros es que el aumento de actividades de montaña generaría más gastos para el Estado en rescates. Alegría también lo relativiza. “Les expliqué que, si la reglamentación establece obligatoriedad de registros, al tener que hacer la búsqueda se le puede aplicar una multa y cobrarle el gasto”, sostuvo. El diputado remarcó que esta posibilidad es justamente uno de los beneficios de contar con un marco regulatorio formal.
Alegría recordó además que la Adhesión a la Ley de Montañismo fue respaldada por todos los bloques en la Legislatura. “Creo que va a prosperar, porque está firmada por todos los diputados. Fue por unanimidad”, indicó.
