Guillermo Pérez Luque
Imagen Patagonia Nexo
La disputa por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz escala al máximo nivel judicial del país. El Gobierno provincial decidió acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja, luego de que el Tribunal Superior rechazara habilitar la apelación federal en la causa.
La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado, a cargo de Natalia Linardi, en el marco del expediente impulsado por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales, que cuestiona la constitucionalidad de la Ley 3949, norma que amplió de cinco a nueve integrantes el máximo órgano judicial provincial.
Tal como reveló Ahora Calafate, el pasado 25 de marzo el Tribunal Superior resolvió no conceder los recursos extraordinarios federales presentados por la Provincia, la Cámara de Diputados y los cuatro nuevos vocales designados.
Con esa decisión, el máximo tribunal provincial dejó firme en el ámbito local el fallo que había declarado inconstitucional la ley de ampliación.
El argumento central del TSJ fue que ninguna de las presentaciones superaba el examen de admisibilidad, cerrando así la vía para que el caso llegara a la Corte por la vía ordinaria.
La reacción del Gobierno: “exceso ritual” y “gravedad institucional”
Frente a ese escenario, la Provincia avanzó con un recurso de queja en el que sostiene que la negativa del TSJ incurre en arbitrariedad y restringe el acceso a la instancia federal.
En el escrito, la Fiscalía de Estado califica la decisión como un “exceso ritual manifiesto” y advierte que se utilizaron argumentos formales para impedir que la Corte Suprema analice el fondo del conflicto.
Además, plantea que la situación reviste una “suma gravedad institucional”, al considerar que el Poder Judicial provincial estaría invadiendo competencias propias del Ejecutivo y del Legislativo, particularmente al pronunciarse sobre su propia integración.
En esa línea, el Gobierno sostiene que la intervención del máximo tribunal nacional es necesaria para “restaurar el orden constitucional federal” y definir la validez de la ley en cuestión.
Un conflicto sin precedentes
El trasfondo del conflicto se remonta a diciembre de 2025, cuando el Tribunal Superior, con el voto de cuatro de sus cinco miembros, declaró inconstitucional la Ley 3949, que había sido sancionada por la Legislatura para ampliar el número de vocales.
Fiscal de Estado, Dra. Natalia Linardi
Desde entonces, la situación derivó en una fuerte tensión institucional, con posiciones enfrentadas entre el Poder Judicial y los otros poderes del Estado, e incluso una situación de “doble comando” dentro del propio tribunal.
El caso ya acumula múltiples presentaciones ante la Corte Suprema, incluyendo recursos impulsados por el Ejecutivo, el vicegobernador Fabián Leguizamón y los propios jueces designados que no fueron reconocidos por la actual composición del TSJ.
En medio de esta escalada judicial, el gobernador Claudio Vidal volvió a cuestionar con dureza al Poder Judicial provincial y aseguró que existe una intencionalidad política detrás de las decisiones.
“Claramente hay una decisión política de no dejarnos gobernar”, afirmó el mandatario, quien además acusó a sectores de la Justicia de actuar de manera “destituyente”.
Con la presentación del recurso de queja, ahora será la Corte Suprema la que deberá definir si habilita el tratamiento del caso y, eventualmente, se pronuncia sobre el fondo del conflicto: la constitucionalidad de la ley que amplía el Tribunal Superior.
