Hector Lara
La iniciativa, denominada “Ley de Protección del Patrimonio Estratégico, Servicios Vitales y Soberanía Provincial”, propone declarar como bienes inalienables a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Distrigas S.A. y LU85 TV Canal 9, incorporando además un mecanismo legislativo que exija mayorías agravadas para cualquier intento de modificación futura.
Peralta explicó en el programa "A Diario" que el proyecto surge como respuesta a un clima de preocupación generado por versiones no desmentidas: “Intentamos, ante tanta dispersión de voces, inclusive desde dentro del servicio público, llevar tranquilidad con una herramienta concreta”. En ese sentido, remarcó que “hubo declaraciones de funcionarios y también de un dirigente sindical que generaron muchísima inquietud e incertidumbre sobre una eventual privatización, parcial o total, de la empresa estatal”.
El legislador advirtió que este tipo de escenarios no solo impactarían en los trabajadores activos, sino también en jubilados y en el sistema previsional: “Estas discusiones afectan directamente a los trabajadores, a sus jubilados y al conjunto del sistema, en un contexto donde ya vimos cambios abruptos en otros regímenes”.
Peralta también vinculó la iniciativa con la situación económica actual de la provincia, marcada por la falta de paritarias y la pérdida del poder adquisitivo: “Hoy el Estado está prácticamente paralizado por medidas de fuerza, con salarios deteriorados y sin actualización frente a una inflación que sigue golpeando”. En ese marco, alertó sobre el impacto que tendría una eventual privatización en las tarifas: “Si hoy los servicios ya son difíciles de afrontar, en manos privadas estaríamos frente a un esquema directamente imposible de pagar”.
Además, puso el foco en la desigualdad territorial que podría profundizarse: “No me imagino inversiones privadas llegando a localidades como Tres Lagos, Bajo Caracoles o Jaramillo; hay lugares donde el Estado es el único garante del servicio”.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de una cláusula que exige una mayoría especial en la Legislatura para modificar el estatus de estas empresas. “Proponemos que cualquier configuración requiera dos tercios de la Cámara, es decir 16 diputados. Es un cerrojo institucional que hoy hace inviable cualquier intento de privatización sin consenso amplio”, explicó.
Respecto al caso de L.U. 85 y Canal 9, Peralta destacó su rol cultural y federal: “Es un espacio clave para los contenidos propios de nuestra identidad. No veo al capital privado sosteniendo la participación de actores locales ni reflejando la realidad de toda la provincia”. Y agregó: “La palabra es proteger, preservar y anticiparnos, antes de que decisiones apresuradas pongan en riesgo estos espacios”.
El diputado también vinculó el proyecto con un modelo nacional que, según afirmó, tiende a avanzar sobre activos estatales: “Hay un modelo que induce a mercantilizar empresas públicas, y cuando necesita apoyo político, presiona. No sería extraño que estas ideas intenten replicarse en las provincias”.
Finalmente, Peralta describió un panorama complejo para Santa Cruz, con caída del consumo, retracción económica y conflictos en distintos sectores: “La provincia atraviesa una situación delicada, con un Estado con recursos limitados, actividad productiva en baja y una sociedad que la está pasando muy mal porque no puede afrontar sus gastos básicos”. En ese contexto, sostuvo que “este tipo de iniciativas busca poner límites y abrir una discusión de fondo sobre el rol del Estado y la necesidad de consensos amplios para salir adelante”.
