A falta de una ley, y entendiendo la trascendencia de institucionalizar la mediación para bajar la tensión en los litigios, en octubre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz firmó una Acordada para promover este espacio alternativo que comenzó a funcionar el 17 de noviembre de ese año.
Se accede por derivación de los juzgados de Familia, siempre que se discutan- entre otras- medidas como alimentos y régimen de comunicación, dos temas que generan una profusa cantidad de expedientes y tramitaciones.
Si bien el Centro de Mediación está ubicado en Río Gallegos, sus operadores y operadoras intervienen en conflictos del interior provincial, e incluso del resto del país, cuando la contraparte reside en Santa Cruz.
Marcela Ramos, secretaria Civil del TSJ y coordinadora del proyecto, explicó que “el 30 % de nuestras mediaciones son a distancia” y que “en algunos casos hemos viajado cuando las partes no podían”.
También se realizan convocatorias para que abogados y abogadas puedan anotarse en el Registro de Mediadores ad hoc en aquellas localidades donde no hay centros.
La función de quienes llevan adelante la mediación es intervenir con neutralidad, sin tomar partido ni brindar asesoramiento. “El proceso de mediación tiene como protagonistas a las partes, en función es la comunicación y el diálogo, fomentando su autodeterminación”, indicó luego la funcionaria judicial, aclarando que hay casos donde la mediación no se lleva adelante.
Se trata de aquellas veces en donde hay una asimetría de poder entre ambos. Por eso, jueces y juezas deben advertir de la existencia de medidas de abordaje intrafamiliar previas o cautelares porque “aún si ya no tienen vigencia, puede existir todavía cierta asimetría y tomamos entrevistas privadas a los fines de preguntar si las partes quieren estar en presencia del otro”.
Por eso, Ramos destacó que en la centralidad de la mediación está la voluntariedad. “En estos casos, hay un alto índice de acuerdo que supera el 60 %”, aseguró, añadiendo que si la mediación es a distancia “el índice de acuerdo llega al 95 % porque es una herramienta que les facilita la inmediatez la reducción de tiempos procesales”.
“Se lo atribuyo al acceso a justicia, que son tratados como personas, ciudadanos y que en un proceso de mediación lo que se intenta es que ganen todos”, indicó Ramos sobre el espacio que en tiempos de pandemia abrió la posibilidad a que las personas con patrocinio letrado directamente pidan el servicio sin intervención del juzgado ni haber presentado una demanda previa.
De un tiempo a esta parte, el área inició un seguimiento de casos, en cuyos datos preliminares se dilucida que el acuerdo se cumple, por lo que no necesitaron de nuevas tramitaciones judiciales y, sobre todas las cosas, se les facilitó la relación con la otra parte.
En definitiva, la mediación es una alternativa para bajar el nivel de conflicto que, para Ramos, aparece porque “hay falta de escucha activa, de empatía. Nos pasa a todos, nos cuesta vivir con el conflicto, y el conflicto está a diario, hay que saber manejarlo. Muchas veces cuando las partes llegan a mediación el problema lo tiene ‘el otro’ y en realidad es no hacerse responsables de que haya algo que no funciona en ese sistema familiar, no en la conyugalidad, sino como padres con chicos en común”, concluyó.
