El Senado Nacional sancionó la ley que recompone en un 8% las jubilaciones

En una nueva derrota parlamentaria para el oficialismo, el Senado sancionó por 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones la ley que establece una recomposición del 8,1% para este año en los haberes jubilatorios, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial.

Se trata del proyecto que casi toda la oposición aprobó en Diputados en junio pasado, por dos tercios del voto de los presentes. Esa misma mayoría de votos fue la que logró la norma en la sesión de este jueves en la Cámara alta. Estos números condicionan así la decisión que tendrá ahora Javier Milei, pues el artículo 83 de la Constitución Nacional establece que un proyecto desechado por el Poder Ejecutivo puede volver a tratarse en ambas cámaras y, de replicarse esas mayorías, directamente debe ser promulgado. El presidente ya había anticipado que vetaría la ley por atentar contra su objetivo de equilibrio fiscal.

Luego de más de dos meses en los que La Libertad Avanza ganó tiempo en el Senado, la ley finalmente se sancionó con los votos positivos de los bloques UP, UCR, Pro, Cambio Federal, Unidad Federal, los dos santacruceños del Frente Por Santa Cruz y la senadora del bloque JSRN. En contra, además de los siete senadores libertarios, votó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro). 

La votación en particular resultó: artículo 1 aprobado con 69 votos a favor. Sobre el artículo 2 el radical Víctor Zimmermann propuso una modificación sobre la productividad que, en vez de ser el 50% de la diferencia del RIPTE sea del 25%, pero el pedido fue rechazado por UP y resultó aprobado con 49 votos afirmativos y 20 negativos. El artículo 3 resultó afirmativo con 61 votos a favor y 8 en contra.

En cuanto el artículo 4 resultó aprobado con 49 votos afirmativos, 20 negativos y ninguna abstención, mientras que el artículo 5 recibió 67 votos afirmativos y 2 negativos. Además, los artículos 6,7,8 y 9 fueron aprobados con 68 afirmativos y 1 negativo.

El artículo 10 tuvo 54 votos afirmativos, 11 negativos y 4 abstenciones, mientras que los restantes artículos 11, 12 y 13 fueron aprobados con 68 votos a favor.

La flamante ley establece una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU 274/24 del Ejecutivo-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total, que en julio fue -según el INDEC- de $291.472.

La recomposición del 8,1% tiene como objetivo complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Por otro lado, en la norma se instruye a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El debate

Al comienzo del debate, como uno de los miembros informantes del dictamen de mayoría, el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde afirmó que el objetivo de la ley es “recuperar el poder adquisitivo, mejorar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Ese es el corazón del proyecto”.

Tras detallar las disposiciones que sustentan la propuesta, hizo historia sobre lo que a su juicio representa el inicio del problema del sistema previsional argentino: la creación de las AFJP, que “hicieron un desastre con la plata de los trabajadores y los jubilados”. Luego cargó duramente contra los gobiernos no kirchneristas, que aplicaron “políticas que promueven el desempleo”. Y de esta gestión en particular, que ha provocado -dijo el porteño- aumento del desempleo; caída de los salarios; aumento del empleo no registrado; entre otros indicadores.

A continuación, fue el turno del radical Martín Lousteau, quien enfatizó que “para dar por DNU 100 mil millones de pesos para gastos reservados a la SIDE, sin control a la vista de todos -después está la bicameral-, pero sin publicidad, hay plata. Para los jubilados no hay plata. Eso es inmoral. Las prioridades tienen que ser exactamente las contrarias”.

“Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que un acto de justicia mínima”, consideró el economista, que subrayó además que “desde el año 2017, las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% del poder adquisitivo”.

Como miembro informante del dictamen de minoría, el libertario Bruno Olivera Lucero cuestionó el proyecto sancionado en Diputados, al señalar que “deja expuesto que la fórmula de movilidad jubilatoria que ellos mismos aprobaron (por la oposición) en el Gobierno anterior, no garantizó que los jubilados mantuvieran el nivel adquisitivo, como habían manifestado en 2020. Era una fórmula compleja, que ajustaba trimestralmente, con dos índices, el de la ANSeS y el índice de trabajadores formales, pero era una fórmula que en un contexto inflacionario no lo tenía en cuenta, en un Gobierno que terminó con más de 200% de inflación”.

El sanjuanino valoró que el decreto del Ejecutivo, estableciendo una nueva fórmula por inflación, fue “para que los jubilados dejaran de perder como en años anteriores”. En su discurso, advirtió que este es “un momento muy complejo” y reprochó: “Nos dejaron un Estado con una capacidad de financiamiento agotada, la inflación más grande de los últimos años, pero sin embargo acá hay varios que miran para otro lado y recuerdan todo lo que pasó a partir de diciembre… Para atrás, no reconocen nada”.

También alertó sobre el impacto fiscal de la propuesta. “En 2024, es de 0,4% del PBI como dijeron, pero en 2025 es un 0,8%, y este porcentaje aumenta año a año, complica el equilibrio fiscal y nos va a llevar al déficit fiscal que tanto nos ha agobiado”, sostuvo.

A su turno, el radical Víctor Zimmermann compartió números aportados por la Oficina de Presupuesto del Congreso y también los funcionarios de la ANSeS para indicar que el artículo referido al 50% de aumento en marzo de cada año por RIPTE, “no tendría costo presupuestario” para el año próximo, sino que “recién tendría impacto fiscal en 2026”.

“Yo creo que hay que hacer un esfuerzo”, expresó, sin embargo, inmediatamente propuso: “A lo mejor no hay que darle el 50%, pero sí un 25%”. En ese sentido, confirmó que iba a proponer esa modificación y adelantó su voto en general, pero en particular iba a proponer ese y otros cambios.

El chaqueño, que firmó en disidencias parciales el dictamen del oficialismo, coincidió en que el artículo sobre un piso para el haber mínimo, referenciado en la Canasta Básica Total, era “para dejarlo para más adelante y darle la derecha al Gobierno”.

Por el contrario de introducir modificaciones, el radical Flavio Fama, que acompañó el dictamen de mayoría, manifestó: “Me hubiese encantado buscar una propuesta con modificaciones, ¿pero sabe qué pasa? No voy a caer en la trampa de la dilación”.

La rionegrina Mónica Silva respaldó la media sanción de Diputados que “llegó hace más de 60 días con el 60% de votos favorables”, y sostuvo que “es un proyecto para recomponer de manera urgente el haber jubilatorio”.

“Hay 8 millones de beneficiarios, es evidente que han perdido poder adquisitivo porque la inflación es el peor enemigo de las jubilaciones y salarios”, alertó. Silva señaló que en su provincia son más de 120 mil las personas jubiladas y pensionadas que “están esperando una posibilidad actual de reponer esas percepciones”.

Además, planteó la necesidad de “revisar la totalidad del sistema, la integralidad del mismo, tener en cuenta los diferentes cambios demográficos y cómo la base de sustentabilidad de jubilaciones se va modificando por la baja tasa de natalidad y la cantidad de personas que integran la población económicamente activa que la mayoría no están registrados, ese es un problema”.

“No hay que dilatar más el tema porque es algo muy sensible para la población. Desde el punto de vista técnico no tiene objeciones. El arreglo de la percepción jubilatoria es urgente y tiene que ser ahora”, ratificó.

La senadora de JSRN sostuvo que “estamos hablando de algo que ni siquiera pretende ganarle a la inflación, sino que se pretende proponer para que las jubilaciones dejen de perder poder adquisitivo. En agosto la jubilación mínima equivale a 225.454 pesos. Las jubilaciones han tenido una caída importante para las personas que no cobran el famoso bono”.

“Proponemos con la sanción de la norma una mínima recomposición de ingresos que no debería tener dilaciones porque está destinada a la población más vulnerable y que tiene un poder adquisitivo muy menguado por los efectos de la inflación. En general voy a apoyar el proyecto y a particular voy a escuchar las propuestas sobre el artículo 4”, cerró.

En línea con la postura del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cargó contra la oposición e ironizó que “hacen como que ponen el tema en agenda y nos quieren enseñar de política y no es así”. De igual modo, refirió a que este debate estaba contemplado en la Ley de Bases original.

Por otro lado, defendió que “faltan a la verdad cuando dicen que el problema empezó el 10 de diciembre” porque “la democracia está en deuda con los jubilados”, sumó. Al igual que Juan Carlos Pagotto anticipó su voto en favor de algunos artículos (no en la general), y cerró: “Cuando ustedes gobernaban la jubilación estaba en 90 dólares, hoy está en poco más de 200”.

Luego tomó la palabra el senador salteño Juan Carlos Romero apuntó que el panorama de los jubilados se “complicó estos 20 años de achicamiento y decadencia con el gobierno anterior”. “Ahora seguimos poniendo parches al sistema porque esta movilidad jubilatoria puede ser la punta pie, si algún día pensamos, un sistema jubilatorio definitivo. Si no hubiera la inflación del 200% el año pasado no estaríamos debatiendo esto”.

El referente del bloque Cambio Federal recordó que en 2010 aprobaron el 82% móvil que “la presidenta Cristina Kirchner lo vetó al minuto”, y procedió a leer los fundamentos del veto: “La promulgación implicaría prácticamente la quiebra, no solo del sistema previsional argentino, sino del propio Estado. Se trata de una maniobra o un ardil para obligar el veto de la norma especulando sacar algún mezquino reto político”.

Romero señaló como error no haber dividido el beneficio de la moratoria porque “aquel que se jubila sin aportes es un no contributivo. Debería tener un ingreso básico. Hoy soy 1.757.000 no contributivos y se le suman los 3.800.000 de moratorias sin aportes, tenemos 2.200.000 personas que han aportado el 20% en total”.

“Esto indica que estamos con el sistema actual perjudicando, no solo al conjunto de la masa previsional, sino que le estamos haciendo un daño enorme a los que aportaron. El sistema que hay que corregir es que aquellas personas que ingresaron por moratorias no contributivas deben tener un ingreso razonable y, el resto, pagársele de acuerdo a años de aporte.

“Solo el 37% de los trabajadores tiene 30 años de aporte. La cifra es mínima. En 2024 se dieron 42 mil no contributivas, entonces seguimos haciendo crecer el sistema con gente que nunca aportó un peso.”, detalló y planteó: “Si no tuviéramos inflación acá estaríamos discutiendo un aumento real, en cambio estamos enredados en cómo compensamos el magro ingreso castigado por la inflación que el país ha heredado de la gestión anterior”.

El salteño apuntó contra la gestión de Néstor Kirchner por la eliminación del sistema por ahorro que “fue para quedarse con la caja enorme de las AFJP”, y explicó cómo se financia el sistema: “Con el 93% con el 11% del IVA, el 100% de créditos y débitos, 29% de combustibles, 70% del régimen simplificado de impuestos, el 41% del impuesto país”.

“Se han aplicado fórmulas, pero de ninguna manera hemos resuelto el tema. Esta ley no la voy a apoyar”, adelantó y explicó que el proyecto no establece cómo se va a financiar por lo que “no solo se incumple con la Ley de Administración Financiera sino también con el propio reglamento de la Cámara”.

Romero indicó que en el articulado: “Deberíamos haber contemplado un financiamiento y eliminar la exención a los artículos electrónicos producidos en Tierra del Fuego, no es quitarle los beneficios, sino a al exagerado beneficio que tiene más de una docena de ensambladores”. También que implica: “Aumentar el déficit porque hay una gran carga de gasto público. Implica un aumento de casi un punto del PBI”.

En el cierre, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, señaló que este tema es “sumamente sensible a nuestra sociedad, como a la mayoría de los países del mundo”, y ratificó que la Unión Cívica Radical tiene un “firme compromiso con nuestros jubilados”, pero advirtió que “es un gran problema resolver la situación del sistema”. Cargó, además, que el sistema ha pasado de “banquina a banquina”, y repasó las gestiones presidenciales de los últimos 16 años.

“En el medio de todos (esos cambios del sistema previsional), están nuestros jubilados en la ruleta de cómo se juega su futuro”, señaló el senador correntino, quien también cuestionó que “nos encontramos con pensiones que se hicieron con radiografías de perros y pasamos de una idea populista de darle a todos pensado para el sostenimiento político de un gobierno”, en alusión al kirchnerismo.

En el término de su exposición, Vischi catalogó al proyecto en cuestión como “parche de coyuntura” y se expidió hacia el Gobierno nacional con relación a los fondos de coparticipación de las provincias: “Esta administración que se dice federal que tenga en cuenta que este proyecto le da plazos con auditorías sine die (sin fecha fijada)”, en relación a transferencias desde Nación en gestiones anteriores.

Por el bloque Unidad Ciudadana, la senadora bonaerense Juliana di Tullio trajo al debate un posteo reciente de Milei en donde reafirmó la posibilidad del veto y le respondió: “El presidente es un degenerado social por haber montado escenario que explique al principio (Según un informe de la UCA, hay un 55,5% de pobres y un 17,5 de indigentes y solo en ocho meses”. “Si me va a llamar degenerada social, tengo el derecho a llamarlo degenerado social”, cargó contra el jefe de Estado.

Para terminar sus consideraciones en el recinto, donde destacó que en la segunda presidencia de Cristina Kirchner la jubilación mínima estaba en 470 dólares, la senadora Di Tullio reveló que “el presidente va a vetar 66.000 pesos”, y cerró: “6 de cada 10 jubilados lo votaron a Milei. Ustedes que están gobernando deberían aprender de los errores de quienes hemos gobernado”.

Previo a la votación, el presidente de bancada oficialista, Ezequiel Atauche, reiteró que “no se puede seguir resolviendo con parches”. Asimismo, reiteró la postura mencionada anteriormente por el presidente provisional del Senado y añadió: “Nosotros queríamos discutir cuando empezamos el gobierno, parece que hay que discutir cuando ustedes quieren”. “Una vez más no se demostró querer solucionar los problemas de fondo, hacer un videíto para Instagram, hacer demagogia y traer un parche más”, remarcó.

De forma irónica, expresó: “Nos cuesta gestionar porque no tenemos esa capacidad profesional de meter gente en el Estado como tienen ustedes”, y para terminar, el senador jujeño manifestó: “Admitan la incapacidad de gestión y así podemos dar una discusión integral porque acá estamos pagando la maquinita de imprimir”, y concluyó: “Le quiero hablar a los jubilados y entendemos que tienen miedo porque hace décadas que viven con miedo de que no les alcance”.

Nota: Parlamentario