Guillermo Pérez Luque
Días atrás, Ahora Calafate elaboró un informe el estado operativo en que se encuentra la Planta de Tratamiento Cloacal de El Chaltén. Una infraestructura apta para procesar los efluentes de una población de 1.550 personas en una localidad que tiene unas 8.000 personas en la temporada alta. Eso sumando la población estable, calculada en 2500 habitantes, unas 4.000 camas de alojamiento y las personas que vienen a trabajar por la temporada.
Los datos surgen de una audiencia convocada por el Juez Federal de Río Gallegos, Dr. Claudio Vázquez, en el marco de un amparo ambiental presentado por vecinos de El Chaltén contra Servicios Públicos SE, la empresa responsable del servicio de saneamiento.
Como informamos, en la audiencia quedó en claro que SPSE debe reparara rápidamente los módulos existentes, y acelerar un proceso licitatorio ya la compra de otros 4 módulos portátiles para lograr atender la demanda acorde a la población actual y proyectada en unos años mas.
Pero también el Juez Vázquez, pidió a otros organismos que se involucren en la tarea de afrontar el grave problema ambiental. Es por ello que citó a la Municipalidad de El Chaltén, para que designe un representante legal e indique la persona que la representará en el proceso de ejecución de sentencia -jurídicamente por un lado y técnicamente por el otro-.
Según supo Ahora Calafate, en la audiencia los representantes de SPSE admitieron la responsabilidad sobre la situación de la Planta de Tratamiento, y comprometieron los esfuerzos de la empresa por avanzar en la solución. Pero también indicaron que el Municipio debe ejercer mayor control sobre la obligación de algunos emprendimientos comerciales de tener una cámara desengrasadora, que separadora solidos sedimentables y grasas.
Esta exigencia está contemplada en la ordenanza 94, vigente desde 2019, y obliga a todo emprendimiento comercial del rubro gastronómico, hotelero y lavandería a que cuenten con estas cámaras. “La deposición del material obtenido de las cámaras separadoras-interceptoras de solidos sedimentables y grasas será acumulado en contenedores plásticos y serán entregados a la oficina de Ambiente de la Municipalidad, y así se le dará disposición final en forma adecuada”, afirma la normativa.
En su sentencia de ejecución el Juez Vázquez afirma que “si SPSE tiene la planta funcionando en perfecto estado, pero los usuarios -ej. grandes generadores gastronómicos u hoteleros- vierten al sistema cloacal aceites o líquidos prohibidos, la planta no tiene capacidad para tratarlos”.
Además de la Municipalidad el Juez Federal dispuso notificar a la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz y a la Administración de Parques Nacionales, intimando a los organismos a que designen un representante técnico y otro jurídico.
Vázquez destaca que los organismos son citados “con el fin de que de manera proactiva y colaborativa y entre todos los involucrados y responsables, propendamos a una solución definitiva que por un lado permita el cese inmediato de los graves daños ambientales sobre el ambiente. Y por el otro, permitir que se logre un desarrollo sostenible y responsable de la actividad antrópica y turística que permita evitar daños ambientales y conservar el ambiente para las generaciones futuras”.
Además se impuso a SPSE a que informe cada 15 días corridos sobre los progresos de las reparaciones de la planta actual y de la licitación en curso.
“Atendiendo a la gravedad del asunto y a la intervención de los distintos organismos provinciales, y por encontrarse demandada SPSE”, El Juez federal dispuso también que sea notificada al Fiscal de Estado de la Provincia.
Una vez que se presenten las demás partes y se complete la información solicitada, el Juez Federal tiene pensado realizar una inspección ocular en El Chalten, y eventualmente ordenar nuevas medidas.
