Guillermo Pérez Luque
La discusión sobre el cannabis medicinal y el cáñamo comenzó a tomar mayor volumen en la Legislatura de Santa Cruz. Este martes, representantes de organizaciones que trabajan desde hace años en la temática participaron de la Comisión de Recursos Naturales para aportar su experiencia a un proyecto que busca crear un ámbito provincial permanente donde salud, ciencia, producción, Estado y sociedad civil puedan sentarse en una misma mesa.
La iniciativa es el proyecto de ley 352/2026, presentado el 10 de junio y firmado por Claudia Barrientos, Javier Jara y José Luis Quiroga, del bloque Por Santa Cruz, junto a Rocío García, de Unión por la Patria. Propone crear el Consejo Consultivo Provincial de Cáñamo Industrial y Cannabis Terapéutico, Medicinal y de Uso Veterinario.
El texto al que accedió Ahora Calafate establece que tendrá carácter consultivo, participativo y no vinculante, y que deberá asesorar en el diseño de políticas públicas, conectar organismos provinciales y nacionales con universidades, investigadores, productores y organizaciones sociales, y formular recomendaciones para el desarrollo de la actividad.
Ese punto resulta importante porque el cultivo y la actividad productiva vinculada al cannabis medicinal y al cáñamo ya están comprendidos en un marco regulatorio nacional. La Ley 27.669 creó la ARICCAME como autoridad encargada de regular y fiscalizar, entre otras cuestiones, las autorizaciones, producción, industrialización, comercialización y trazabilidad. Por lo tanto, el proyecto santacruceño no reemplaza ni desplaza esas competencias nacionales.
“Santa Cruz está quedando atrás”
La frase que sintetizó buena parte de la exposición surgió de representantes de la Asociación Provincial de Cannabis Medicinal (APROCAM).
“Santa Cruz está quedando atrás”, señalaron al comparar la situación provincial con otros distritos que ya cuentan con experiencias institucionales, regulatorias o productivas más desarrolladas. Para las organizaciones, el problema no pasa solamente por aprobar una ley, sino por lograr que los distintos organismos que tienen competencia o conocimientos sobre la materia comiencen a trabajar coordinadamente.
La propia fundamentación del proyecto toma como referencia experiencias de Chubut y Mendoza, donde se avanzó primero en mecanismos de articulación institucional antes de consolidar regulaciones más amplias. Los autores sostienen que Santa Cruz debería recorrer un camino similar, pero atendiendo a sus propias condiciones productivas, sanitarias, científicas y territoriales.
Por eso, el Consejo que se propone tendría una integración amplia: Producción, Salud y Ambiente, Consejo Agrario, el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, INTA, INTI, CONICET y SENASA, asociaciones profesionales, organizaciones de pacientes, productores, cooperativas, cámaras empresariales y municipios interesados.
Opiniones
Durante la comisión, Zoe Juárez, secretaria del Movimiento Argentino de Cannabicultores Unidos (MACU), respaldó formalmente la iniciativa y explicó que la organización viene trabajando en capacitación, investigación y trazabilidad.
Mencionó como antecedente el trabajo realizado durante 2023 y 2024 en protocolos y estándares de calidad vinculados con la producción medicinal, y señaló experiencias de capacitación con organismos nacionales, universidades y profesionales.
Desde MACU plantearon que el futuro Consejo podría servir para unir dimensiones que actualmente aparecen dispersas: salud, ciencia, producción y territorio. También propusieron crear mesas técnicas específicas sobre cáñamo y desarrollo agroindustrial, salud y trazabilidad, capacitación y fomento.
La organización propuso además elaborar una especie de ordenanza modelo que permita a los municipios adherir bajo criterios comunes y evitar grandes diferencias regulatorias entre localidades. También pidió garantizar representación de asociaciones y productores de las zonas norte, centro y sur de Santa Cruz.
Desde APROCAM, en tanto, describieron una realidad más vinculada con la atención cotidiana. Afirmaron que trabajan con pacientes, poseen historias clínicas y sostienen buena parte de su actividad mediante las cuotas de sus propios asociados.
“Todos hemos trabajado a pulmón”, resumieron, al señalar que las organizaciones vienen asumiendo tareas de acompañamiento y capacitación sin un esquema estable de apoyo estatal.
También piden incorporar a las fuerzas de seguridad
Otro planteo concreto surgido durante la reunión fue incorporar a representantes de las fuerzas de seguridad al futuro espacio de trabajo.
Las asociaciones explicaron que desde hace aproximadamente cinco años realizan capacitaciones para agentes con el objetivo de explicar el marco legal vigente y evitar que procedimientos realizados por desconocimiento terminen afectando a personas u organizaciones habilitadas.
Según expresaron ante los diputados, en ese período participaron de esas actividades alrededor de 800 integrantes de distintas fuerzas, una cifra aportada por las propias organizaciones durante la comisión.
En tal sentido la Ley 27.669 contempla expresamente que la ARICCAME debe coordinar sus tareas de control con otras autoridades públicas y, cuando corresponda, con las fuerzas de seguridad provinciales.
Una dificultad: profesionales capacitados
Durante el intercambio también surgió una pregunta sobre la disponibilidad de médicos preparados específicamente para trabajar con cannabis medicinal.
Desde las organizaciones respondieron que encuentran dificultades para acceder a profesionales formados en Santa Cruz y que, en varios casos, deben recurrir a especialistas de otras provincias. Indicaron que actualmente existen profesionales locales en proceso de capacitación.
Precisamente uno de los objetivos previstos para el futuro Consejo es producir información que permita conocer con mayor precisión cuál es la situación real en Santa Cruz.
El proyecto establece que, dentro de los primeros doce meses de funcionamiento, deberá presentar un Informe Provincial de Situación y una propuesta de Marco Normativo Provincial para el Desarrollo del Cáñamo Industrial y del Cannabis Terapéutico, Medicinal y de Uso Veterinario.
El cáñamo, más allá del cannabis medicinal
Buena parte de la exposición estuvo destinada a explicar que el proyecto no se limita al ámbito sanitario.
Martín Acuña, integrante de MACU, puso el foco en el cáñamo y en sus posibles aplicaciones productivas. Habló de materiales para construcción, fibras textiles, productos destinados a actividades industriales, alimentación y posibles usos vinculados con agricultura y remediación ambiental.
Su argumento central fue que Santa Cruz no debería copiar automáticamente modelos de otras provincias. Las condiciones climáticas, productivas y territoriales son diferentes y, por esa razón, sostuvo que universidades, Consejo Agrario, científicos y productores deberían evaluar qué actividades son realmente viables en territorio santacruceño.
Aquí también es importante separar el debate productivo del cannabis psicoactivo. La normativa nacional define al cáñamo industrial u hortícola por su bajo contenido de THC. La regulación vigente utiliza como límite general el 1% de THC en peso seco.
Precisamente la ARICCAME publicó el 3 de septiembre una nueva regulación para las actividades vinculadas al cáñamo con fines hortícolas, que contempla licencias para producción agrícola, elaboración de derivados, servicios conexos y comercio exterior, con exigencias de trazabilidad y control. Los derivados pueden destinarse, entre otros usos, a fines medicinales, nutricionales, cosméticos, veterinarios o industriales.
Esto refuerza uno de los argumentos que apareció en la comisión: mientras el marco nacional comienza a desplegar reglas específicas para esta industria, Santa Cruz todavía busca definir qué lugar pretende ocupar dentro de ella.
Un consejo que deberá producir algo concreto
El proyecto intenta evitar que el nuevo organismo quede reducido únicamente a reuniones periódicas.
Además de reunirse al menos una vez cada dos meses, el Consejo tendría que producir informes anuales, hacer públicas sus recomendaciones y, fundamentalmente, presentar durante su primer año el diagnóstico y la propuesta normativa provincial.
La autoridad de aplicación sería la Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras que sus integrantes ejercerían las funciones ad honorem.
En sus fundamentos, los autores sostienen que la intención es atravesar primero una etapa de “construcción institucional, de participación y planificación”, antes que avanzar de manera apresurada sobre una regulación de una actividad que consideran compleja y todavía en evolución.
Ese mismo criterio quedó reflejado en la comisión. Después de escuchar a las organizaciones, los diputados decidieron mantener el proyecto en estudio y ampliar la ronda de consultas con representantes de la zona norte de Santa Cruz.
La intención expresada fue seguir sumando voces para que el texto llegue a una eventual votación con mayor consenso y representación territorial. “La idea es poder seguir debatiéndolo”, se señaló durante la reunión, con el objetivo de construir un proyecto “fuerte y consensuado”.
El debate, por lo tanto, recién comienza. Pero dejó planteada una cuestión que hasta ahora tenía escasa presencia en la agenda legislativa santacruceña: cómo pasar de experiencias dispersas en cannabis medicinal y cáñamo a una política pública provincial que determine qué puede hacerse, bajo qué reglas y con qué participación del sistema sanitario, científico y productivo.
