Guillermo Pérez Luque
Por unanimidad de los tres bloques, la Legislatura de Santa Cruz aprobó este jueves dos leyes de Emergencia. Por un lado la Alimentaria y Administrativa, y en segundo término la Energética.
Ambas iniciativas fueron enviadas por el Ejecutivo con la intención de que el Poder Legislativo avale medidas excepcionales para hacer frente a situaciones de urgencia.
La primera ley declara el “estado de emergencia administrativa y alimentaria en la prestación y adquisición de insumos y alimentos en el área de educación, salud y desarrollo social a cargo de la administración pública provincial centralizada”.
La emergencia “tendrá plazo de duración de tres meses a partir de su entrada en vigencia”. La duración podrá prorrogarse con la anuencia del Poder Legislativo.
Durante ese plazo los legisladores autorizan a los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud y Ambiente; y al Consejo Provincial de Educación, “a contratar de manera directa y excepcional la ejecución de obras, la provisión de bienes, servicios y alimentos que resulten necesarios para garantizar el cumplimiento de las funciones estatales, mantenimiento de la infraestructura y la provisión de servicios públicos,”.
Cualesquiera de estos trámites deben contar con la previa autorización de parte del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, según indica el texto de la norma al que accedió Ahora Calafate.
Además, y tal como pidió la oposición, se creó una “Comisión de Seguimiento” de la presente ley de emergencia, que estará integrada por tres diputados, uno por cada bloque político parlamentario”.
Dicha comisión tendrá por función “requerir al Poder Ejecutivo la información que considere necesaria y practicar las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes en función de las previsiones de la presente ley”.
Emergencia energética
También por unanimidad, los diputados declararon la Emergencia Energética en toda la provincia de Santa Cruz que, en este caso, regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.
Entendiendo que el gas y la electricidad son servicios esenciales debido a las bajas temperaturas y las condiciones extremas, es que se otorga esta herramienta al Ejecutivo provincial, para que arbitre las medidas necesarias para readecuar las tarifas a la situación económica que atraviesa la provincia.
También para proteger a los ciudadanos de Santa Cruz de aumentos injustificados y desproporcionados a los servicios públicos, accediendo a precios justos y razonables
El plazo de la emergencia podrá prorrogarse por igual periodo que debería ser informada al legislativo para su prorrogación
La presidenta del cloque oficialista Iris Rasgido señaló que los habitantes de la provincia atraviesan una realidad alarmante debido a las medidas del gobierno nacional, que impactan no solo al gobierno de la provincia, sino en cada uno de los vecinos de Santa Cruz.
La legisladora oficialista remarcó en el recinto “no tenemos más programas de asistencia nacional, la realidad inflacionaria en las tarifas es preocupante. Desde el 3 de abril está en marcha el nuevo cuadro tarifario, y a partir del mes de junio los usuarios recibirán las tarifas que reflejarán la magnitud de los incrementos.
Como ya informó Ahora Calafate el marco tarifario define un aumento de un 500% promedio a los usuarios residenciales y entre 800 y 900% a los residenciales. En tanto las localidades que no tienen gas natural tienen un promedio de subas mucho más alto.
“Sancionar esta emergencia significa poder acompañar la vida de cada familia ayudando en situaciones que son preocupantes alarmantes y que obviamente van a poner en situación muy difícil a cada santacruceño”, afirmó Rasgido.
