Tal como lo había adelantado, el Gobierno dio un paso más en su avanzada contra Aerolíneas Argentinas. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo declaró este miércoles a la compañía aérea de bandera como una empresa "sujeta a privatización".
La norma, que deberá ser refrendada por el Congreso, se da en medio del conflicto con el personal de la compañía, por reclamos salariales y en defensa de la aerolínea de bandera, que en las últimas semanas incluyó medidas de fuerza.
Qué dice el decreto que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización
El decreto 873/2024 —firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo— afirma en sus considerandos que "la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio" y "el cuidado de las arcas públicas". Y destaca que esta medida apunta a que "los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente".
En este sentido, se argumenta que la compañía tiene "una dotación de 1107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas, lo que representa una relación de aproximadamente 14 pilotos por cada avión operativo", número que se califica como "desproporcionado con relación a los estándares de la industria a nivel mundial".
Asimismo, se resalta que "a pesar del grave resultado económico que arroja la gestión de Aerolíneas Argentinas S.A., sus empleados mantienen importantes beneficios que contribuyen a empeorar la situación descripta".
Y se agrega que "en un contexto en el cual la pobreza alcanza al 52,9 % de la población y la indigencia al 18,1 % el Estado Nacional debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen" y que "el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria".
El decreto se ampara en la Ley de Reforma del Estado de 1989 (N° 23.696) y sus modificatorias que establecen que el Poder Ejecutivo Nacional podrá optar por materializar la privatización por medio de: “la venta de los activos de la empresa, como unidad o en forma separada; la venta o colocación de acciones, cuota partes del capital social o de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; la locación con o sin opción de compra; la administración con o sin opción de compra; la concesión, licencia o permiso; o por la combinación de las modalidades mencionadas, entre otras”.
Bajo estas modalidades, la legislación contempla que la transferencia sea a una o varias personas humanas, personas jurídicas privadas, municipios, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otra persona pública.
Las intenciones del Gobierno nacional de privatizar Aerolíneas no son algo nuevo. La empresa formaba parte de la lista de sociedades anónimas del Estado a privatizar, incluida en el borrador de la Ley Bases. Sin embargo, tras varias negociaciones, el oficialismo decidió quitarla del listado.
En simultáneo, avanzan en el Congreso algunos proyectos de ley sobre la privatización de Aerolíneas. Uno de ellos fue presentado por el diputado del PRO Hernán Lombadi y el segundo fue propuesto por la Coalición Cívica. De igual forma, la dirección es la misma: privatizar la empresa.
Mientras tanto, ambas cámaras trabajan en la conformación de la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, en donde se debatirán la venta o concesión de las empresas contempladas dentro de la Ley Bases.
Por Infobae y Página 12
